*** Moreno, advirtió que Honduras perdió la oportunidad de adherirse al protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño por factores políticos y desinformación en el Congreso, pese a que este instrumento internacional habría fortalecido el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.
La coordinadora del Observatorio de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Casa Alianza, Grecia Moreno, explicó que la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sigue siendo una deuda pendiente, ya que el Congreso Nacional no logró los votos necesarios para ratificarlo. Señaló que la decisión se vio afectada por “factores políticos, desinformación de los legisladores y falta de socialización del contenido”, lo que privó a la niñez del país de un mecanismo internacional de acceso a la justicia.
Moreno detalló en entrevista con Hondudiario que este protocolo es un instrumento que permite a niñas, niños y adolescentes, así como a las organizaciones de sociedad civil, presentar denuncias ante instancias internacionales cuando el Estado no garantiza la protección de sus derechos. “El protocolo facultativo permite que haya reparación del daño a las víctimas”, comentó, al subrayar que las familias de menores asesinados merecen que se les restituya su derecho a la justicia.
Un mecanismo para acceder a la justicia internacional
La especialista ilustró la urgencia de este mecanismo con cifras alarmantes: de enero a la fecha han sido asesinados casi 106 niñas, niños y adolescentes en el país, además de casos graves ocurridos en años recientes, como la muerte de dos menores en el centro de internamiento de Nuevo Jalteva. Recordó también que dos niños fueron ultimados por oficiales de la Policía Nacional en Tegucigalpa y Ocotepeque, hechos que evidencian las graves falencias en el acceso a la justicia.
Explicó que, en esos escenarios, el protocolo facultativo permitiría a las familias y a la sociedad civil acudir a instancias internacionales para exigir sanciones a los responsables y garantías de no repetición.
“Es decir, que las personas que han cometido estos delitos puedan pagar por lo que han hecho”, enfatizó, la reparación no solo es un derecho de las víctimas, sino también un mecanismo de prevención.
Moreno aclaró que la prioridad debería ser que el Estado de Honduras brinde respuestas efectivas sin necesidad de elevar las denuncias al nivel internacional. Sin embargo, lamentó que la realidad del país obliga a recurrir a instrumentos externos, porque “el Estado de Honduras no ha podido garantizar el acceso a la justicia de los niños y niñas”.
Vacíos legales y limitaciones institucionales en Honduras
La coordinadora advirtió que existen vacíos legales e institucionales que dificultan la protección de la niñez. Mencionó como primer obstáculo la debilidad en los procesos de investigación, ya que los informes de Medicina Forense carecen de la evidencia necesaria para sustentar los juicios. Esta carencia, explicó, deriva en mora judicial y en casos inconclusos que dejan a las víctimas sin justicia.
Además, que las condenas establecidas en el Código Penal para delitos como la violencia sexual son insuficientes, lo que provoca que muchos agresores queden impunes. En este punto, insistió en la necesidad de reformar la legislación para garantizar penas proporcionales y evitar que los responsables evadan la justicia con sanciones menores.
Moreno planteó tres acciones urgentes: especializar los equipos de investigación, dar seguimiento efectivo a los casos en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, y sensibilizar a jueces y fiscales en materia de niñez. A su juicio, estos cambios deben ser acompañados de una reforma del Código Penal para endurecer las penas en los delitos sexuales contra menores.
La experta añadió que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) enfrenta limitaciones serias debido a su bajo presupuesto, lo que impide brindar cobertura nacional.
“No tiene el personal suficiente ni la logística para atender a un niño de manera efectiva y oportuna”, afirmó, con municipios donde incluso se requiere llegar a lomo de mula para garantizar la protección.
En este sentido, reclamó que los programas de protección no pueden concentrarse únicamente en el Distrito Central o San Pedro Sula, pues las violaciones a los derechos de la niñez ocurren también en comunidades alejadas donde la presencia estatal es mínima. Aseguró que, sin un fortalecimiento presupuestario y operativo, la Senaf seguirá sin cumplir su rol rector.
Factores políticos frenaron la aprobación del protocolo
Sobre la votación fallida en el Congreso, Moreno consideró que primaron los intereses políticos sobre la agenda de niñez, lo cual impidió avanzar en un compromiso internacional que hubiera ampliado el acceso a la justicia. También responsabilizó a la Comisión de Niñez del Legislativo por no haber promovido una socialización suficiente del protocolo.
Apuntó que la falta de información alimentó prejuicios y malentendidos, pues “la mayoría de la población se quedó con que contiene ideología de género o modificación de leyes”, una percepción errónea que fue reproducida por algunos medios de comunicación y que generó rechazo infundado.
Para Casa Alianza, la adhesión al protocolo habría significado un respaldo internacional a los esfuerzos de protección y un compromiso más fuerte del Estado en garantizar la justicia para los menores de edad. Moreno enfatizó que el mecanismo no sustituye las obligaciones nacionales, sino que las refuerza, exigiendo respuestas más contundentes frente a la violencia.
La coordinadora recordó que en el 2025 la violencia contra la niñez ya deja cifras trágicas. “106 niños han perdido la vida de manera violenta”, señaló, muertes que deben mover al Estado y a la sociedad a garantizar el derecho a la vida y a la reparación para las familias afectadas.
Moreno hizo un llamado a los legisladores, a la población y a las autoridades judiciales a colocar a la niñez en el centro de la agenda nacional. Insistió en la urgencia de “fortalecer a la Senaf con más presupuesto, especializar al Ministerio Público y sensibilizar a la Corte Suprema de Justicia”, ya que sin estas medidas la violencia seguirá cobrando la vida de niños y niñas en el país. OB/Hondudiario
