*** Noé Pino recordó que este proyecto es de los más discutidos y socializados en los últimos años.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, afirmó que la Ley de Justicia Tributaria (LJT) no puede responder a los intereses particulares ni ser “un traje a la medida” del sector privado, sino a las necesidades del país, y recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a esta iniciativa en el marco del acuerdo vigente con Honduras.
El congresista relató que la semana pasada sostuvieron una reunión en el Legislativo con la misión del organismo internacional, donde quedó claro que “ellos dijeron, seguimos apoyando la Ley de Justicia Tributaria”. A su criterio, esa declaración reviste importancia, porque el FMI suele ser muy cuidadoso con sus expresiones al tratarse de decisiones soberanas de los Estados.
Pino recordó que el proyecto de la LJT fue revisado previamente por el Fondo Monetario antes de ser remitido al Congreso Nacional. “Ya ellos habían dado sus opiniones sobre este proyecto de ley”, puntualizó, pero aclaró que el acompañamiento técnico no resta independencia a la aprobación legislativa, que sigue siendo una facultad exclusiva del Poder Legislativo.
El parlamentario rechazó la polémica en torno a si la LJT es o no una meta estructural del acuerdo con el Fondo. En sus palabras, “eso no le quita ningún mérito, ni ninguna necesidad realmente a esta ley”, ya que la verdadera relevancia radica en su impacto para garantizar un sistema tributario más justo y progresivo.
El vicepresidente recordó que este proyecto es de los más discutidos y socializados en los últimos años, ya que se realizaron 24 audiencias públicas con amplia participación de empresarios y sectores sociales. Según explicó, la comisión legislativa que estudió el documento recibió “una matriz enorme de observaciones” que fueron tomadas en cuenta en el dictamen.
Al referirse a las críticas empresariales, Pino insistió en que “no podemos hacer una ley, como en el pasado ha estado acostumbrado el sector privado, como un traje a la medida”.
El legislador explicó que en la negociación de programas con el FMI suelen establecerse metas cuantitativas, vinculadas a variables como inflación, reservas internacionales o crédito, así como metas estructurales, que pueden ser modificadas. En ese sentido, aclaró que la obligación de aprobar la LJT no figura como un compromiso impuesto en los términos del acuerdo.
Lo que sí debe quedar claro, agregó, es que la potestad de legislar es exclusiva del Congreso y no depende de presiones externas. “La aprobación de las leyes es una potestad nuestra, no tiene que estar supeditado a que haya un criterio”, enfatizó.
Pino recalcó que el FMI actúa como cualquier institución financiera internacional al otorgar préstamos, estableciendo condiciones sobre variables macroeconómicas. Sin embargo, subrayó que ello no significa que el Congreso pierda su capacidad de decisión, y reiteró que la Ley de Justicia Tributaria responde a un interés nacional de fortalecer la equidad fiscal. OB/Hondudiario
