*** El presupuesto solicitado contempla la realización de auditorías, monitoreo de propaganda y verificación de los informes financieros de los candidatos.
El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hernández Hércules, advirtió que cada semana sin la aprobación del presupuesto reduce la capacidad fiscalizadora del organismo, en momentos en que ya se desarrolla el período de publicidad y propaganda establecido por la ley electoral por un plazo de 90 días.
“Cada semana que pasa, sin la aprobación del presupuesto se disminuye la capacidad fiscalizadora de esta unidad, recordemos que ya estamos en el período de publicidad y propaganda, son 90 días que establece la ley electoral”, advirtió.
Por otro lado, reveló que “más de diez candidatos” a cargos de elección popular están siendo investigados por la Unidad de Política Limpia por el presunto uso de fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sus campañas políticas, un caso que, según el comisionado, será analizado por el pleno del organismo para determinar las acciones legales que correspondan y asegurar la rendición de cuentas dentro del proceso electoral.
El funcionario explicó que la Unidad de Política Limpia cuenta con una ley propia y opera adscrita al Consejo Nacional Electoral, pero con independencia técnica, funcional y presupuestaria, lo que le permite ejercer sus atribuciones de manera autónoma, aunque aclaró que para garantizar una fiscalización efectiva se requiere la aprobación de un presupuesto de 81 millones de lempiras, monto que cubriría las actividades programadas durante el período electoral.
“La unidad es una unidad con su propia ley, que nace adscrita al Consejo Nacional Electoral, pero con autonomía técnica, funcional y presupuestaria, con total independencia”, expresó Hernández Hércules.
El comisionado añadió que el presupuesto solicitado contempla la realización de auditorías, monitoreo de propaganda y verificación de los informes financieros de los candidatos, tareas que requieren personal especializado y tecnología adecuada, de modo que la ausencia de fondos compromete directamente la transparencia del proceso y la credibilidad de las instituciones electorales.
“De 2,137 candidatos, únicamente 591 se han acreditado ante la unidad, esto representa un 29 por ciento de la totalidad de candidatos que están participando en las elecciones”, zanjó.
Hernández Hércules detalló además que se han identificado 1,493 candidatos que no cumplieron con la obligación de rendir cuentas establecida en el artículo 48 de la ley, y que las multas aplicables oscilan entre cinco salarios mínimos (casi 70 mil lempiras para alcaldes) y 139 mil lempiras para diputados, pero el pago de la sanción no exime a los infractores de su deber de presentar los informes financieros correspondientes. OB/Hondudiario
