*** La prioridad inmediata debe ser la reactivación del Congreso, la aprobación del presupuesto pendiente y la garantía del equilibrio democrático.

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, advirtió que la oposición podría autoconvocarse en el Congreso Nacional ante la falta de convocatoria oficial por parte del oficialismo, con el objetivo de habilitar el periodo de sesiones ordinarias, aprobar el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y de la Unidad de Política Limpia (UFTF), además de expresar su “temor” a que se instale una Comisión Permanente ante la amenaza que “desde el Congreso Nacional se puede manipular el proceso electoral y poder violentar la soberanía popular, el deseo del pueblo y las manifestaciones”.
La legisladora explicó que el decreto que habilita las sesiones ordinarias debe aprobarse del 1 de noviembre al 20 de enero de 2026, y afirmó que existe consenso entre distintas bancadas para abordar este y otros temas urgentes que permanecen sin discusión desde hace más de 50 días, lo que evidencia un “vacío de dirección legislativa” que agrava la crisis política dentro del Poder Legislativo.
En sus declaraciones, Mena manifestó que la falta de convocatoria oportuna ha generado una situación de parálisis institucional y “uno de los principales problemas que hubo en la convocatoria pasada es que esperamos a último momento”, y añadió que tras esa experiencia los diputados opositores “no deberían esperar hasta el 31 de octubre” para ejercer sus facultades legales y asegurar el funcionamiento del Congreso.

La diputada sostuvo que la oposición cuenta con los fundamentos constitucionales para autoconvocarse, sumado a que la inacción del presidente del Congreso, Luis Redondo, configura un incumplimiento de sus deberes, ya que “si bien es cierto hay una atribución ordinaria de convocar a sesiones, lo cierto es que también esa facultad es una obligación, y una convocatoria que lleva más de 50 días de no ejercitarse es más que suficiente argumento y fundamento para establecer un mecanismo de autoconvocatoria”.
Mena afirmó que el Congreso enfrenta una situación complicada, pues el plazo para aprobar el decreto de habilitación legislativa vence el 31 de octubre, lo que, de no concretarse, derivaría en el nombramiento de una Comisión Permanente de nueve diputados, figura que la congresista considera riesgosa porque podría asumir funciones exclusivas del Pleno y concentrar el poder en manos del oficialismo.
“Me genera temor porque desde el Congreso Nacional se puede manipular el proceso electoral y poder violentar la soberanía popular, el deseo del pueblo y las manifestaciones”, expresó la parlamentaria, quien insistió en que la instalación de una Comisión Permanente podría reproducir escenarios de “autoritarismo y arbitrariedad”, como los ocurridos en 2023 durante la designación de las autoridades del Ministerio Público.

La congresista consideró que, pese a las amenazas del presidente del Congreso, la oposición mantiene su postura y “eso no nos da temor, la verdad, las amenazas que pueda dar el presidente del Congreso”, pero advirtió sobre el peligro de llegar al 1 de noviembre sin un decreto aprobado, pues ello colocaría al Legislativo en un periodo de cierre que afectaría la conducción del proceso electoral.
En ese contexto, Mena alertó sobre posibles decisiones que podrían recaer en manos de la Comisión Permanente, como la declaratoria de elecciones en caso de una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y eventualmente “nueve diputados podrían tomar la decisión de dictar o elaborar la declaratoria de elecciones, y evidentemente no es el órgano competente, lo que se puede prestar para la arbitrariedad”.
La diputada concluyó que la prioridad inmediata debe ser la reactivación del Congreso, la aprobación del presupuesto pendiente y la garantía del equilibrio democrático en la etapa preelectoral. Los diputados opositores están listos “desde hace casi 50 días” para sesionar y evitar que el país entre en una nueva crisis institucional bajo lo que Mena describió como el riesgo de un “poder dictatorial de Libertad y Refundación dentro del Congreso Nacional”. OB/Hondudiario



