*** Las pesquisas incluyen actuaciones registradas desde 2019 hasta 2025 y que el IP ha presentado ya las respectivas resoluciones ante el Ministerio Público.
El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, presentó este martes ante el Ministerio Público 41 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos durante administraciones anteriores del IP, denuncia que implica a unos 150 individuos, entre ellos el actual diputado Jorge Cálix y el exministro Ebal Díaz, y fueron entregados junto con medios probatorios y resoluciones derivadas de denuncias internas para que el ente acusador del Estado inicie el debido proceso.
Bocanegra explicó que los expedientes contienen “más de 150 involucrados, entre ellos usuarios, colaboradores, empleados y notarios públicos que se han coludido para cometer los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de los funcionarios”, y afirmó que las denuncias abarcan desde irregularidades administrativas hasta manipulaciones en el sistema registral.
El funcionario detalló que entre los casos detectados figuran “alteración en matrículas de vehículos, borrado de multas y recargos, y traslape de claves catastrales”, lo cual, dijo, ha causado “un grave perjuicio en los derechos de propiedad de cientos de miles de usuarios”, por lo que el Instituto decidió documentar los hechos y presentarlos formalmente ante las autoridades competentes.
Agregó que las investigaciones revelaron además la existencia de “falsificación de instrumentos públicos, uso de sellos y firmas de notarios falsos, y manipulación de documentación importante para beneficiar a ciertas personas”, prácticas que lesionan la transparencia institucional y vulneran el principio de legalidad en la función pública.
“Las administraciones involucradas son todas. Desde que yo asumí el cargo hacia atrás, no vamos a apañar ninguna. Vamos a tratar de ser lo más transparentes y objetivos posibles”, subrayó Bocanegra. Las pesquisas incluyen actuaciones registradas desde 2019 hasta 2025 y que el IP ha presentado ya las respectivas resoluciones ante el Ministerio Público.
El secretario del IP puntualizó que entre los hallazgos se identifican responsabilidades en distintos períodos de gestión y “podemos deducir responsabilidad cuando Ebal Díaz manejaba el Instituto de la Propiedad”, y añadió que también “el señor Jorge Cálix puso a su gente en el año 2022, y son personas que no pueden evadir la responsabilidad que les corresponde”.
Asimismo, informó que la comparecencia de este martes incluyó el seguimiento a una denuncia presentada en junio por un presunto desfalco en la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP, cuyo monto asciende a más de 12 mil millones de lempiras, caso que ya motivó “allanamientos y el secuestro de objetos en la bodega del Instituto, en la salida a Olancho”.
“Hemos detectado corrupción y actos irregulares que los hemos traído acá para que se les deduzca la responsabilidad penal”, expresó Bocanegra.
El propósito del IP es entregar toda la evidencia que respalde la presunta comisión de delitos y garantizar que las autoridades realicen las investigaciones de manera objetiva y conforme a derecho, según expuso.
El funcionario manifestó a periodistas su expectativa de que el Ministerio Público “haga una valoración conjunta, objetiva de los legajos que hoy le traemos y que pueda resolver conforme a derecho, ordenando los respectivos requerimientos fiscales ante los órganos de justicia del país para que se deduzca la responsabilidad penal que corresponda a cada uno de ellos”. OB/Hondudiario
