sábado, octubre 25, 2025
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Sala Constitucional resolverá en próximos días la legalidad del estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras

*** Desde diciembre de 2022 el Gobierno de Honduras declaró un estado de excepción.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Isabela Bustillo, confirmó que la Sala Constitucional definirá en los próximos días si la aplicación del estado de excepción en el país es legal o no, luego de las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos interpuestas por organizaciones civiles y la ciudadanía.

Bustillo expresó que “nosotros esperaríamos que pudiera ser antes de los procesos electorales y por supuesto ante este llamado de la población y varios organismos estamos todavía con la intención de acelerar el conocimiento del mismo, pero recordando también que es un cuerpo colegiado y que somos cinco magistrados los que conocemos estos recursos”.

La magistrada añadió que los recursos deben seguir el procedimiento establecido y manifestó que “esperamos que en los próximos días o antes del proceso electoral se dé una resolución”, en referencia a la revisión que realiza la Sala sobre el tema.

La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un recurso con suspensión del acto reclamado ante las reiteradas denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del decreto, el cual permanece pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Desde diciembre de 2022 el Gobierno de Honduras declaró un estado de excepción con el fin de combatir el crimen organizado en zonas como Tegucigalpa y San Pedro Sula, con el cual suspendió garantías constitucionales y amplió la intervención de fuerzas de seguridad.

La medida ha sido prorrogada en múltiples ocasiones (al menos 23 extensiones) sin que el Congreso Nacional ratificara la mayoría de decretos, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad del régimen excepcional.

Organismos nacionales e internacionales han advertido que el estado de excepción ha derivado en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial, generando preocupación por el deterioro del carácter temporal de la medida. OB/Hondudiario

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