*** Madrid señaló que “estamos ante una situación en la cual se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política”.
El abogado y analista político Kenneth Madrid analizó el reciente embate del Ministerio Público contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y advirtió que “si llega a presentar un requerimiento fiscal contra estos actores electorales (Cossette López y los magistrados) solo estaría demostrando y corroborando una tesis de que hemos tenido que está siendo instrumentalizado por parte de la clase política oficialista”.
Madrid señaló que “estamos ante una situación en la cual se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política”, y consideró “lamentable lo que está sucediendo, porque eso solo nos demuestra de que al final los órganos de administración de justicia están cooptados por la política y ahora están siendo utilizados para presionar a los actores políticos a ciertos intereses que necesita el oficialismo para poder llevar agua a su molino”.
El analista afirmó que no comprende cómo podría procesarse a jueces electorales cuando el Código Procesal Penal establece el requisito del antejuicio previo antes de presentar un requerimiento fiscal en su contra, y “precisamente el poder revestirse ellos de un antejuicio es para que a los jueces por sus decisiones que toman en materia jurisdiccional no sean procesados al antojo de un ente de acusación criminal”.
Añadió que escuchó declaraciones del diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación, quien habría dicho que los magistrados deben ser capturados y llevados a audiencia inicial, algo que calificó de improcedente, ya que “hay un antejuicio donde el superior jerárquico revisa esa resolución y verifica si en efecto hay un delito o no lo hay”, explicando que esa figura “es una protección para los jueces”.
Madrid sostuvo que resulta “lamentable que esto esté sucediendo y que el Ministerio Público de paso exponga evidencias en público ante los medios de comunicación”, porque “eso es totalmente ilegal, porque el Código Procesal Penal lo prohíbe, porque las pruebas son analizadas científicamente y verificadas y fueron autorizadas por juez competente”.
El abogado enfatizó que “una conversación entre dos particulares que no ha sido autorizada por juez competente no puede ser válida en ningún juicio penal, es prueba ilícita”, y advirtió que “es lamentable que con prueba ilícita se presione a la causa política por los medios de comunicación, porque eso solo demuestra que estamos ante una desfiguración total del sistema penal”.
Sistema con rasgos de autoritarismo
En otro momento, Madrid reflexionó que “cuando estamos ante un sistema que hay rasgos de autoritarismo fuerte donde no se respeta el principio de legalidad, donde no se respeta al principio de la supremacía constitucional, cualquier cosa puede pasar en el país”, aludiendo a la fragilidad institucional que enfrenta Honduras.
El analista subrayó que tampoco existe certeza de que un juez actúe conforme a derecho en estos casos, y opinó que “un juez al analizar efectivamente que hay un requerimiento fiscal contra un juez electoral debe de rechazarlo de plano por improcedente, porque eso es totalmente inconcebible”.
Sostuvo que “lo que sí podía emitir un juez penal es obviamente un antejuicio contra un juez contra un par, porque esa protección se la da la ley, se la da la Constitución”.
Madrid concluyó que “prácticamente la institucionalidad en el país ya está disminuida y no hay órganos de control de persecución penal para generar estabilidad que todos necesitamos”.
Ministerio Público arremete contra el CNE y TJE
Este miércoles la política nacional se sacudió cuando el Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya, ordenó una investigación derivada de la “grave denuncia” presentada por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, sobre audios en los que se expone una presunta conspiración entre una consejera del organismo (CNE) y un jefe de bancada para alterar los resultados electorales a nivel presidencial.
Zelaya advirtió además que “cualquier intento deliberado de manipular los resultados electorales, constituye un delito de traición a la patria”, y alegó que la Fiscalía debe garantizar la integridad del proceso democrático.
En respuesta, la consejera del CNE, Cossette López, afirmó que “definitivamente quieren sacarme del cargo, definitivamente les estorbo” y negó ser la persona que aparece en los audios revelados por el Ministerio Público, los cuales calificó como “absolutamente ajenos” a su voz y origen.
La funcionaria expresó ante un mar de periodistas que existe una intención clara de apartarla de su puesto y sostuvo que “yo creo que se están equivocando de persona”, en relación a las acusaciones que se le atribuyen dentro del proceso de investigación abierto por la Fiscalía.
Antes de eso, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunció la noche del martes ante la comunidad internacional y nacional que existe información sobre una posible orden de captura en su contra y en contra del magistrado presidente del organismo, Mario Flores Urrutia, debido a las más recientes resoluciones.
Lo anterior se consumó en el momento en que el magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia denunció amedrentamientos por parte del Ministerio Público (MP), además acusó al Partido Libertad y Refundación (Libre), de persecución política, esto luego que llegaran a las oficinas del órgano electoral la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y agentes del MP a secuestrar documentos.
“En efecto, me estoy siendo amedrentado por los órganos represores del Estado, especialmente por el Ministerio Público”, declaró Mario Flores Urrutia. OB/Hondudiario
