*** Las autoridades del gobierno del partido LIBRE, están permitiendo la violación a la seguridad jurídica y muestran su indiferencia a la violación de los derechos de propiedad de pobladores nacionales e internacionales, como avalando el delito de usurpación y la integridad humana de los inversionistas extranjeros.
Por Marino Ortariz
El conflicto por la invasión de tierras en Trujillo, Honduras, esta provocando una crisis socio económica en esa zona, donde las autoridades del gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya, es indiferente a las invasiones ilegales y usurpaciones de la residencias, que están exponiendo al país ante el mundo, como un Estado que no protege la propiedad privada y permite la violación de la seguridad jurídica, que está ahuyentando el turismo y la inversión nacional e internacional.
Bajo una normativa constitucional, en el año 1990 llegó a esa zona el desarrollo del turístico bajo el Decreto 90-90, que otorgó incentivos y propuestas para atraer inversión extranjera en la Bahía de Trujillo, que pasó de ser una zona agrícola a un enclave turístico y residencial, donde llegaron desarrolladores como Randy Jorgensen, gerente de la Asociación de Propietarios de la Bahía de Trujillo, que apostaron desde hace más de tres décadas al progreso de la región, trayendo consigo inversiones, desarrollo inmobiliario y dinamismo económico.
Empero, en los últimos meses, personas ligadas a la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) ejecutaron invasiones de varias propiedades privadas, provocando incertidumbre e inseguridad para los inversionistas y propietarios que prácticamente fueron sacados de sus propiedades.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, en declaraciones a la cadena radial América, se refirió a la situación que se vive en Trujillo sobre las invasiones y expresó: «Miren, nosotros nos quejamos por qué Honduras está en esos índices de pobreza, por qué está en esos índices de los peores lugares del mundo para venir a invertir y esa es la razón. Yo he visto sectores que se quejan de que nosotros en algunas de las entrevistas que se dan para ver los índices de tema país, salimos tan bajo, pero esa es la razón» (las invasiones).
«Usted está viendo de que esta gente vino a invertir, le apostó a Honduras, hoy está perdiendo su dinero, entonces, ¿Quién más va a querer seguir esos pasos? Lo único que nosotros estamos haciendo es ahuyentando la inversión extranjera y provocando que la inversión local decida mejor invertir en otros países. Eso es declararle a Honduras la pobreza», razonó sobre el tema que expone al país internacionalmente por no proteger la inversión y violentar la seguridad jurídica.
Consultado sobre los efectos de las invasiones y el turismo, Fortín, señaló que sin duda lo esta ahuyentando, al considerar que Trujillo que es una de las zonas más lindas que el país tiene. «¿Qué pasaría si Trujillo estuviera en México, en la República Dominicana o Costa Rica? Le sacarían millones de dólares mensuales o anuales, pero enormes cantidades de dólares. Pero no, aquí como nosotros trabajamos re mal, lo único que hacemos es ahuyentar la poca ayuda que nosotros podamos tener».
Sobre ¿Cómo restaurar el estado de derecho, recuperar esa seguridad jurídica que tanto pide en el sector privado? en el país, se le preguntó: «Bueno, en primer lugar nosotros nos tenemos que sentar, el gobierno, la empresa privada, la sociedad civil, hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo y regirse por ese plan, hacerlo fielmente y hacer todas las cosas en forma transparente, adecuada y poner, pero usted tiene que poner orden hasta en la forma de cómo manejamos en las ciudades, porque eso es lo que provoca el tráfico. Aquí nadie sigue un orden. Tenemos que seguir un orden, tenemos que poner orden en el país y eso es lo que necesita aquí necesitamos que de verdad haya orden».
¿Mire, el tema es que eso de las inversiones viene desde hace un tiempo y como usted dice se ha hecho poco o nada para resolver ese tema, entonces quién va a querer apostarle al campo si puede perderlo todo y cuando las invasiones ya llegan a zonas turísticas, ya prácticamente se deja el campo, la gente que hace invasiones realmente los que andan son oportunistas, invasores de oficio, gente que lo que anda haciendo es creando caos, entonces debería haber una ley, una ley estricta para proteger la propiedad privada», indicó.
Indicó que el tema de las invasiones debe ser tocado y que el próximo gobierno debería hacerlo, pero que las actuales autoridades deberían tratarlo «hoy mismo, hoy deberían de estar resolviendo».
La cronología de la crisis reciente
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2008-2015: Se lanzan proyectos residenciales y comerciales (Campa Vista, Coroz Alta, Alta Vista, Banana Coast, entre otros), con la participación de asociaciones comunitarias locales e inversionistas extranjeros. Sin embargo, investigaciones y señales de desconfianza institucional empiezan a empañar el ambiente de negocios.
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2015-2024: Surgen los primeros conflictos abiertos por la titularidad de tierras entre inversores y organizaciones garífunas tales como OFRANEH, quienes denuncian usurpación y violaciones a derechos ancestrales. Las acusaciones y demandas legales se incrementan, sin una respuesta efectiva por parte del gobierno que medie o solucione las disputas.
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2024-2025: La situación escala gravemente, porque comienzan invasiones masivas de propiedades —en su mayoría durante la ausencia de los propietarios, muchos de ellos jubilados y residentes internacionales—. Los desarrollos se paralizan, las denuncias legales se quedan sin respuesta y la incertidumbre jurídica se instala en toda la zona. Organizaciones como OFRANEH lideran la ocupación de terrenos, mientras que las agencias gubernamentales envían señales contradictorias, facilitando inversiones mientras inician investigaciones y no resuelven disputas ni reclamos.
La voz de los afectados
Randy Jorgensen, en representación de los propietarios afectados —principalmente inversionistas canadienses y pequeños empresarios locales—, en declaraciones o un noticiero de televisión, denunció pérdidas millonarias, la violación a los derechos a la propiedad, como la imposibilidad de vender propiedades, suspensión de proyectos y la huida de la inversión de la región. La Asociación de Propietarios alerta que la economía turística de la Bahía de Trujillo ha colapsado: los cruceros han cancelado sus llegadas, los hoteles y comercios se encuentran vacíos, y miles de familias han perdido su fuente de ingresos.
Jorgensen agrega: “No existe certidumbre legal. Contamos con títulos originales de concesión y ningún reclamo de territorio garífuna afecta nuestras propiedades. más bien parece que las contradicciones gubernamentales son las que están socavando el futuro del turismo y la estabilidad”.
Impacto económico y social
La economía trujillana, centrada en el turismo y la inversión extranjera, ha experimentado en los últimos meses un desplome inmediato, con cierre de hoteles, paralización de desarrollos y el éxodo de jubilados extranjeros que alguna vez sostuvieron la economía local. Las pérdidas afectan a toda la comunidad: empleados, familias, comercios y proveedores de servicios ven su futuro comprometido.
Las perspectivas de recuperación son pesimistas: incluso si se restaurara el orden legal y la seguridad, tomará décadas volver a atraer turistas e inversionistas. Propietarios y empresarios exigen garantías jurídicas, intervención estatal, y compensaciones justas por la pérdida de sus bienes y futuro.
El rol ambiguo del Gobierno
El gobierno hondureño, según las denuncias de los afectados, ha jugado un papel contradictorio: por un lado, incentivó y facilitó la inversión extranjera; por otro, inició investigaciones penales contra inversores, y ha sido incapaz de detener invasiones o resolver de forma clara los reclamos de tierras, generando inseguridad jurídica y desaliento total por parte de nuevos inversores.
Actualmente, la Asociación de Propietarios prepara demandas nacionales e internacionales, mientras busca mantener el tema en la agenda mediática para exigir medidas urgentes que devuelvan la legalidad, restauren la confianza y compensen las pérdidas.
Hoy, Trujillo enfrenta no solo un litigio sobre tierras, sino una emergencia económica y humana: cientos de familias desplazadas, sueños destruidos, y un futuro incierto para una comunidad que, tras décadas de inversión y esperanza, ve desmantelado su principal motor de desarrollo. La solución pasa, inevitablemente, por la restauración del estado de derecho y una respuesta definitiva del gobierno ante el drama de las invasiones.
Estas invasiones, están dejando un costo humano, que están destruyendo la vida de propietarios individuales que invirtieron sus ahorros en la zona por la supuesta confianza en el país.
Estas invasiones han desplazado familias, destruido hogares, borrando los sueños de jubilación construidos durante muchos años. Los propietarios adquirieron sus propiedades legalmente y de buena fe, completando toda la diligencia debida, documentación y aprobaciones requeridas. Sus escrituras fueron emitidas por las autoridades correspondientes, con el claro entendimiento de que su tierra era legalmente suya y que no existían reclamos en competencia.
Son miembros responsables de sus comunidades: pagan impuestos locales a la propiedad, mantienen sus hogares y contribuyen a la economía local a través del empleo y el comercio. Para estos propietarios, Honduras no era una especulación financiera, era una elección de estilo de vida. Construyeron hogares y amistades, convirtiéndose en parte del tejido local. Sin embargo, a raíz de las invasiones, se han quedado sin protección ni recurso.
Sobre el quehacer turístico, las agencias gubernamentales y las autoridades locales han alentado durante mucho tiempo a los residentes internacionales, creando políticas, emitiendo cartas formales de apoyo y permisos para promover que los extranjeros de clima frío se jubilen o pasen el invierno en Honduras.
Esta invitación a construir casas de retiro o de vacaciones anuales atrajo a cientos de extranjeros confiados, muchos de ellos canadienses. Hay casi 1,000 de estas personas en el área de la Bahía de Trujillo que se sienten impotentes, con pocos recursos ante la inacción en respuesta a sus quejas legales.
Los propietarios individuales representan una pequeña parte de los visitantes permanentes y anuales necesarios para crear una economía turística. Colectivamente, son significativos. Se quedan sin hogar ya que las quejas siguen sin respuesta y sin resolver. La actual ola de invasiones, liderada por la organización OFRANEH, se ha dirigido específicamente a las propiedades cuyos propietarios estaban ausentes y menos capaces de defenderse: jubilados y vacacionistas sin los medios políticos o financieros individuales para resistir. Estas acciones han creado miedo, parálisis y profunda frustración entre quienes se establecieron en Trujillo con confianza en el sistema legal.
En tal sentido, la realidad económica, de los jubilados y los vacacionistas a largo plazo brindan beneficios económicos consistentes y sostenibles. Emplean trabajadores locales para la construcción, el mantenimiento y el cuidado del hogar; comprar suministros y alimentos localmente; apoyar a las tiendas, restaurantes y proveedores de servicios locales; y ayudar a sostener las economías locales fuera de temporada cuando el tráfico turístico se ralentiza. Estos residentes no son visitantes transitorios.
Son parte del ritmo cotidiano de la vida comunitaria: apoyan a las escuelas, participan en eventos culturales y construyen amistades y confianza con los vecinos. Su presencia ayuda a estabilizar las economías locales y fomenta un entorno de respeto mutuo e interdependencia. Muchos de estos inversionistas propietarios desarrollaron relaciones profundas, a menudo involucrándose personalmente con familias individuales, ayudándoles en la atención médica, apoyando la educación de sus hijos y mejorando su nivel de vida. El costo de estas invasiones trasciende la contribución económica anual a la comunidad, destruyendo las esperanzas de muchas familias locales que dependían de estos benefactores.
Las autoridades del gobierno no han analizado la dimensión humana que están dejando estas invasiones, porque no es solo una cuestión de propiedad de la tierra o economía, es una tragedia personal y humana. Las familias que alguna vez se sintieron seguras en sus hogares se han visto obligadas a abandonarlos y se sienten violadas. Años de esfuerzo, inversión y construcción de relaciones se borran en momentos de anarquía. Esta pérdida representa un revés financiero y uno emocional profundo.
Estos propietarios se ven obligados a abandonar su inversión y las familias locales adoptivas a las que han estado apoyando. El sentido de pertenencia, propósito y conexión intercultural que definió esta elección de estilo de vida también ha sido invadido por el desplazamiento, el miedo y un profundo sentido de pérdida.
Como lo señala el representante de la CCIT, este tema merece la necesidad de un tratamiento inmediato, porque debe formar parte de los informes oficiales y de los debates públicos.
Las personas que contribuyeron de manera constante, sin fanfarria, son invisibles en la conversación nacional. Si Honduras quiere reconstruir la credibilidad, la resolución debe incluir a todo el espectro de los afectados. Los pequeños propietarios, tanto extranjeros como locales, formaban parte del tejido social y económico que sostenía a muchas comunidades y familias locales. Sus contribuciones y su sufrimiento merecen una compensación. Solo entonces Honduras podrá comenzar a reconstruir la confianza, tanto entre sus propios ciudadanos como con aquellos que invirtieron su futuro en el país. Hondudiario
