*** Todas las propiedades o terrenos invadidos tienen colocada la bandera de la OFRANEH que se acreditan la ocupación, por lo cual se realizado las denuncias ante MP y la Policía Nacional, se han realizado inspecciones y ninguna acción legal al respeto a la propiedad privada a progresado.
Más de mil hectáreas de terrenos y unas 60 residencias o viviendas, pertenecientes a inversionistas nacionales y extranjeros, están ocupadas o invadidas por grupos miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) en la ciudad de Trujillo, departamento de Colón.
Los terrenos y las residencias o propiedades invadidas, se ubican en proyectos como Eco-Beach Resort, NJOI Trujillo y Santa Fe, también en Moraya y Banana Beach Resort, entre otra inversiones de desarrollo como Beyebu Investments, sobre operaciones de corretaje de RE/MAX en el extranjero y Caravida, que consisten en transacciones de bienes raíces, franquicias inmobiliarias internacionales, que se han suspendido por la inseguridad jurídica y los riesgos a la inversión.
Según las estimaciones económicas, los terrenos y las propiedades invadidas, que son desarrollos extranjeros, están valoradas en más de 50 millones de dólares (mil 340 millones de lempiras), pero adicionalmente esa inseguridad ha provocado la suspensión de las actividades de desarrollo y el turismo, que en el futuro por la falta de inversiones la zona o el país, sufrirá perdidas similares a los 50 millones de dólares.
Todas las propiedades invadidas tienen colocada la bandera de Honduras y la de OFRANEH, que confirman su presencia y se acreditan la ocupación, asimismo la Policía Nacional y el Ministerio Público han promovido investigaciones cumpliendo las denuncias de los afectados.
Se sabe que la Policía y MP, han realizado inspecciones a las zonas invadidas, atendiendo las denuncias presentadas por los propietarios, para matizar que cumplen con la ley, pero en uno de los casos, según evidencias, los agentes policiales «aconsejaron a los propietarios abandonar sus propiedades». 
En otro caso, según los registros, el MP presentó cargos contra los invasores y los tribunales liberaron a los perpetradores, se incluye en entre estos hechos, que la Policía Nacional recuperó vehículos «cuando los invasores los condujeron en la vía pública y atacaron a los operadores de justicia y en los tribunales los liberaron a pesar de que se encontró drogas (marihuana y cocaína)».
Hasta la fecha, «la mayoría de los expedientes o denuncias presentadas en el MP no han progresado, aunque se han denunciado a varios de los invasores.
Funcionarios de la Procuraduría General de República, dijeron que conocen el caso y que han tenido reuniones con representantes de OFRANEH, que participaran como mediadores y como representantes legales del Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya, que ha prometido cumplirle a los grupos garífunas el derecho a la tierra en sus regiones, desde Tela hasta Trujillo, donde se están realizando las invasiones.
Se dijo además, que para atender este problema de las invasiones en esas zonas, existen decretos legales que incentivan las inversiones y el respeto a la seguridad jurídica, donde el Instituto Nacional Agrario (INA) debe emitir informes pero se niegan a inspeccionar tierras ocupadas.
El MP ha recibido copias de toda la documentación, incluida la concesión de tierras del gobierno de 1902 donde se muestra claramente que las propiedades invadidas no están dentro de ninguna concesión legítima de tierras garífunas y que gran parte de las tierras invadidas se encuentran en el municipio de Santa Fe, donde no existen reclamos de tierras ancestrales.
Los grupos garífunas aglutinados en OFRANEH, en los últimos cinco años, han realizado las invasiones de tierras y en los últimos meses las invasiones y ocupaciones de propiedades o residencias.
Ante la indiferencia de las autoridades de Gobierno, los propietarios han formado una asociación con el propósito de reclamar colectivamente su inversión y obtener una compensación por daños y ventas perdidas a través de negociaciones formales o demandas nacionales e internacionales.
La asociación cuenta actualmente con varios miembros que tienen proyectos o inversiones de varios tipos; como de inmobiliaria y turismo, entre otras, que decidieron invertir, amparados en las políticas gubernamentales como el Decreto 90-90, sobre los incentivos a la inversión turística, las zonas designadas para el desarrollo turístico y las vías para obtener la ciudadanía por inversión con el fin de atraer inversión extranjera.
Ante la inseguridad en la zona, también ha aumentado la incertidumbre entre los inversionistas actuales, nacionales y extranjeros. MO/Hondudiario
