*** La destitución se produjo el 12 de diciembre de 2012, cuando el Congreso Nacional de Honduras aprobó la remoción de los magistrados.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó en las últimas horas una demanda civil contra 97 exdiputados del Congreso Nacional ante los Juzgados de lo Civil, con el propósito de recuperar fondos pagados por el Estado tras la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, un caso por el cual Honduras fue condenada internacionalmente.
El director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la acción corresponde a una “acción ordinaria por repetición” y señaló que su valor asciende a aproximadamente 54 millones de lempiras, cantidad que obedece a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Duarte indicó que la demanda busca trasladar la responsabilidad económica a quienes tomaron la decisión que generó el perjuicio y en materia civil la acción de repetición tiene precisamente ese objetivo dentro del marco legal establecido.
El proceso judicial continuará con la admisión o no de la demanda por parte del juez, seguido por el emplazamiento a cada uno de los señalados, la audiencia preliminar, la fase de pruebas, alegatos y finalmente la sentencia, según explicó Duarte.
Los magistrados destituidos en 2012 fueron José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, quienes integraban la Sala de lo Constitucional en ese momento.
La destitución se produjo el 12 de diciembre de 2012, cuando el Congreso Nacional de Honduras aprobó la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Los magistrados designados para el período 25 de enero de 2009 al 25 de enero de 2016 fueron removidos antes de cumplir su mandato, lo que formó parte de los argumentos de la Corte IDH.
La evaluación del caso por tribunales internacionales concluyó que el proceso de destitución vulneró derechos como el debido proceso, la estabilidad de la función judicial, la integridad personal y la protección judicial. En 2025 el Estado hondureño reconoció su responsabilidad en el caso, lo cual es un paso clave en el litigio internacional.
La PGR sostiene que la acción presentada deriva directamente de la condena internacional emitida por la CorteIDH, la cual estableció la obligación del Estado de reparar a los funcionarios afectados, motivo por el que ahora busca recuperar los recursos erogados. OB/Hondudiario
