*** Existen denuncias que en la comunidad del Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida y en Trujillo, Colón, personas armadas «patrullan» las zonas y propiedades invadidas alegando el derecho a propiedad colectiva de esas tierras ancestrales en las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y San Juan (Tela, Atlántida), también en Punta Piedra (Iriona, Colón) y en Trujillo, ante la indiferencia de las autoridades policiales.
Las invasiones de terrenos y propiedades privadas, continúan en varios sectores de los departamentos de Colón y Atlántida, en el norte del país, ante la indiferencia de las autoridades del Gobierno, Policía Nacional, el Ministerio Público y tribunales competentes que siguen indiferentes en la aplicación de la Ley ante más de una decena de denuncias presentadas por los afectados.
Pobladores de estas zonas ocupadas ilegalmente, han denunciado la presencia de hombres armados, que forman parte de las organizaciones afiliadas a la OFRANEH, generando un ambiente de incertidumbre y temor ante eventuales enfrentamientos, aunque los afectados han abandonado sus propiedades y han presentado sus denuncias ante las autoridades competentes.
Este escenario de inseguridad y violencia, fue confirmado en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, como también en Trujillo, donde los «invasores» de las propiedades se mantienen armados, mientras el Gobierno hondureño, sigue indiferente y “sin voluntad”, porque mantienen las denuncias engavetadas en las oficinas del Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Por otro lado, estas denuncias, son conocidos por funcionarios de la Procuraduría General de la Republica (PGR), la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de la Propiedad (IP), según los denunciantes, que han llegado a presentar sus denuncias cumpliendo los procedimientos legales, el respeto a la Ley y la propiedad privada.
Miembros de la OFRANEH, alegan el derecho a propiedad colectiva de esas tierras en las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y San Juan (Tela, Atlántida), también en Punta Piedra (Iriona, Colón) y hasta en Trujillo, invocando el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que debe definir el gobierno a través de la PGR, pero por su indiferencia se está violentando la seguridad jurídica y la propiedad privada.
En tal sentido, autollamados dirigentes de comunidades garífunas y activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), portan armas ilegales y mantienen ocupadas varias tierras productivas, en perjuicio de agricultores, ganaderos, empresarios del turismo y la hotelería, en ciudades costeras como Tela (Atlántida) y Trujillo (Colón), ante la indiferencia del Estado para buscar una solución o mediar entre las partes.
Bajo el argumento, que «están recuperando sus territorios ancestrales”, la OFRANEH ha intensificado mas invasiones, haciendo valer un derecho a la propiedad colectiva, que fue violentado por el Estado de Honduras y que ya tiene tres sentencias condenatorias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le ordena cumplir con medidas de reparación de daños en tres comunidades, dos de Atlántida y una de Colón, pero que se niega a tratarlas, para darle una respuesta a los afectados y a los invasores.
Las primeras sentencias condenatorias de la Corte IDH fueron, emitidas en 2015, ordenaron el saneamiento del territorio en Triunfo de la Cruz (Tela, Atlántida) y Punta Piedra (Iriona, Colón), donde el Estado debía anular los títulos de propiedad previamente emitidos e indemnizar a los propietarios de tierras, entre ellos empresarios, sindicatos, agricultores, entre otros. Por otro lado, la comunidad podría abrirse a la coinversión conjunta con demás ocupantes de la comunidad, bajo términos armoniosos.
En 2023, otra sentencia recayó sobre el Estado de Honduras, por violentar la propiedad colectiva en la comunidad de San Juan (Tela, Atlántida), en donde se deben de aplicar medidas de reparación y en este caso, más flexibles, ya que se puede hacer una titulación compensatoria, por el área comunal ocupada por complejos turísticos y parte del área urbana de la ciudad de Tela.
Para el exalcalde de Tela, Mario Fuentes, “no hay voluntad política” en el gobierno hondureño, que debe mediar entre todas las partes interesadas, cumpliendo con medidas ordenadas por las sentencias, pagando las indemnizaciones a justiprecio de las tierras dentro del territorio garífuna que fueron tituladas en favor de particulares, pero en el mejor de los casos se debe de promover la coinversión y la convivencia armoniosa entre todos los hondureños. Caso contrario en las invasiones de propiedades en Trujillo, que no tiene ninguna relación ni competencia con esas sentencias de la CIDH.
Para el caso, los denominados activistas de OFRANEH de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz usurparon la vivienda de la actual ministra del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Yadira Gómez, quien ha evitado referirse al tema.
Un morador del Triunfo de la Cruz, que pidió anonimato, aseguró que la funcionaria no se refiere a la problemática “para no afectar la intención de voto que tienen nuestros hermanos, hacia Rixi Moncada, candidata presidencial del Partido Libre (Libertad y Refundación)”.
“Libre le ha hecho creer a nuestros pueblos garífunas que si Rixi Moncada gana las elecciones, se va a cumplir con el saneamiento estipulado por la Corte IDH, sobre nuestro territorio ancestral aquí en Triunfo de la Cruz; la ministra Yadira Gómez y los dirigentes de Libre en Atlántida están haciendo sus cálculos políticos, pero la realidad es que tienen casi cuatro años sentados en el poder y no cumplieron con nuestras comunidades garífunas”, dijo un aldeano dedicado a la cocina típica de la zona.
Por otro lado, Luis Madrid, un ganadero y agricultor de la zona, denunció que la usurpación de sus plantaciones de palma aceitera en las cercanías al Triunfo de la Cruz, comunidad al este de Tela, Atlántida. Medios locales informaron que la Policía Nacional tiene conocimiento de que los garífunas portan armas de manera ilegal, pero no actúan.
“Ahí puede haber fuego cruzado, al igual que en Tela, en Trujillo hay otro montón de denuncias porque a unos canadienses les invadieron unos predios que ellos compraron lícitamente. El Estado no tiene voluntad, no tiene interés, no tienen sensibilidad para resolver en esta situación”, dijo un comunicador afectado por el conflicto de tierras en Triunfo de la Cruz.
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Municipalidad del Puerto de Tela (SIDEPMUT), logró la titulación de unos 100 lotes en beneficio de sus afiliados y de comunicadores sociales de la ciudad en la comunidad Triunfo de la Cruz, pero el proceso de indemnización sigue empantanado.
Uno de los comunicadores teleños afectados por la sentencia de la Corte IDH, lamentó que el Procurador General de la Republica, Manuel Díaz Galeas, que visitó este año la ciudad de Tela, Atlántida, durante ceremonia de develación de un busto en honor a la ambientalista hondureña, Jeannette Kawas, asesinada en 1995 por defender los recursos naturales la zona, «no ha hecho nada».
“Manuel Díaz Galeas de la PGR estuvo a Tela y no tuvo interés en reunirse con el SIDEPMUT, que parece está dormido y no ha gestionado la indemnización de nuestros lotes, que obtuvimos legalmente en una donación. No tiene interés el gobierno en este tema, no podemos ni ir a chapear los solares porque los garífunas nos sacan con armas, ellos patrullan ahí en motos”, dijo un comunicador que pidió anonimato.
Por su parte, OFRANEH ha manifestado que los medios de comunicación tiene una “campaña de odio en contra del pueblo garífuna”, pero no se pronuncia sobre la violación de los derechos humanos de los dueños de viviendas y negocios, ni de la portación ilegal de armas de fuego de sus activistas en las comunidades del Triunfo de la Cruz.
En Trujillo, Colón, el desarrollo económico está afectado severamente el turismo por la usurpación de tierras con vocación turística, ya que empresarios canadienses adquirieron los predios desde la década de los 90´s y tienen documentos que acreditan propiedad, pero el MP y DPI, se mantienen indiferentes ante la situación. MO/hondudiario
