*** El estado de excepción se extendió en aproximadamente 25 ocasiones consecutivas hasta la fecha.
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, pidió este lunes que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva los recursos contra el Estado de Excepción conforme a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
En su pronunciamiento, Espinoza manifestó que “la Honorable Corte” está en el deber de tomar en consideración las recomendaciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (DD. HH.), y la Comisión Interamericana de DD. HH. “como máximos órganos mundiales que tienen que ver sobre el trato de derechos humanos que todos los Estados están obligados a proteger”.
Asimismo, la parlamentaria recordó que en una sesión de diputados de la oposición el estado de excepción fue improbado, pero si “la Policía si sigue atendiendo el estado de excepción, cometería un delito”.
Por último, Espinoza indicó que en su momento se presentará un requerimiento fiscal contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
“Ellos son diputados y gozan de la prerrogativa del juicio político, pero en el siguiente Congreso tendrían que rendir cuentas”, anticipó.
Previo a las elecciones, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional, lideradas por el Partido Nacional y el Partido Liberal, improbaron la ratificación de los más recientes decretos ejecutivos relacionados con el estado de excepción parcial.
Los diputados opositores argumentaron que la medida, vigente desde diciembre de 2022, perdió su naturaleza “excepcional” para convertirse en una norma permanente que vulnera garantías constitucionales sin ofrecer resultados contundentes en la reducción de la inseguridad y extorsión.
La herramienta legal, implementada originalmente por el gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya el 6 de diciembre de 2022 para combatir a las maras y pandillas, se extendió en aproximadamente 25 ocasiones consecutivas hasta la fecha.
Lo que comenzó como una estrategia focalizada de 30 días se prolongó por casi tres años, renovándose sistemáticamente mediante decretos PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) cada 45 días. La última prórroga, aprobada por el Ejecutivo el pasado 12 de noviembre, mantiene la suspensión de garantías en 226 municipios hasta el 26 de diciembre, lo que significa que las elecciones de este domingo se celebrarán bajo este régimen restrictivo. OB/Hondudiario
