*** Las autoridades hondureñas no actúan a medida que las invasiones terrestres se intensifican.
Los propietarios de Trujillo están alarmando por las continuas invasiones de tierras basadas en reclamaciones de tierras que datan de hace más de un siglo. A pesar de tener títulos legales claros presentados al fiscal local, los propietarios siguen sin poder acceder a sus viviendas y propiedades. El gobierno no ha tomado ninguna medida, dejando a las familias vulnerables a daños y pérdida de pertenencias personales.
«Esto no es solo una disputa de propiedad; es una crisis de gobernanza», dijo un portavoz de los propietarios afectados. «Cuando las autoridades se niegan a actuar, la propia base de los derechos de propiedad se derrumba.»
Como afirma una pareja jubilada de expatriados: «Como propietarios, estamos enfrentando pérdidas significativas en nuestros ahorros para la jubilación. No se trata solo de dinero; trata sobre la destrucción de nuestro hogar, nuestros recuerdos y la confianza en las instituciones legales de Honduras. Invertimos de buena fe con títulos legales a nuestro favor, pero nos quedamos desprotegidos.»
La cuestión se complica por las reclamaciones garífunas sobre tierras prometidas a principios del siglo XX, de las cuales solo una parte llegó a entregarse. Aunque estas quejas históricas merecen una resolución justa y transparente, las invasiones ilegales de la propiedad privada son un indicio de un sistema legal que no funciona.
Un propietario canadiense señala el marcado contraste observado en Richmond, Columbia Británica, Canadá, donde los grupos indígenas reclaman tierras a través de los tribunales en lugar de mediante ocupaciones violentas o ilegales. Este proceso democrático es coherente en todo el mundo y en todos los continentes, incluidos países como Brasil, Colombia y Chile en Sudamérica.
Este enfoque legal demuestra respeto por el debido proceso, confianza en un sistema judicial estable y ofrece un camino legítimo hacia la resolución. Un sistema legal estable no pone en peligro los derechos, libertades y seguridad de los demás.
«No existe ninguna evidencia de que las propiedades actualmente invadidas hayan formado parte alguna vez de tierras concedidas a la comunidad garífuna», añadió el portavoz. «Sin embargo, la negativa del gobierno a actuar legitima efectivamente las acciones ilegales, erosionando aún más la credibilidad de Honduras entre las democracias internacionales.»
Llamada a la acción:
Los propietarios instan al gobierno hondureño a comprometerse con su sistema legal, hacer cumplir el estado de derecho y proteger los derechos de propiedad legal. Las reclamaciones históricas de los garífunas deben abordarse mediante procesos legales y políticos transparentes, no mediante invasiones que perjudiquen a comunidades, inversores y Honduras. MO/hondudiario
