*** Se ha urgido a la Corte Suprema de Justicia a convocar de inmediato al pleno para resolver los recursos presentados y brindar la certeza jurídica necesaria a la población antes del 30 de noviembre.
La exfiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, señaló que el estado de excepción aplicado durante el proceso electoral carece de sustento jurídico dado que el Congreso Nacional no lo ratificó conforme a la exigencia constitucional y cuya postura coincide con el análisis del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH sobre la ilegalidad de la aprobación.
Sobre la normativa vigente, detalló que el artículo 187 de la Constitución obliga a que cualquier suspensión de garantías cuente con la concurrencia del Legislativo y remarcó que los derechos de libre circulación, inviolabilidad del domicilio y libertad personal siguen plenamente vigentes.
“Sin esa ratificación, el decreto no tiene ninguna validez”, sostuvo. En relación con el actuar legislativo, enfatizó que el Congreso se reunió legalmente con más de la mitad más uno de los diputados en sesión extraordinaria donde improbó el decreto y agregó que desconocer esa determinación constituye “una alteración del orden constitucional” sancionada por la Carta Magna.
A pesar de la improbación, alertó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas siguen aplicando el estado de excepción bajo una práctica ilegal y planteó que la Policía por ser una autoridad civil está obligada a evaluar la legalidad de las órdenes que recibe y a desobedecer las contrarias a la Constitución, pues “nadie puede alegar ignorancia de la ley”.
“Si detienen personas o allanan domicilios, incurren en violaciones a los derechos humanos”, alertó.
Ante la urgencia, instó a que la Corte Suprema convoque de inmediato al pleno para resolver los recursos presentados por varios ciudadanos y definir la legalidad del decreto ya que “la ciudadanía merece claridad y el proceso electoral necesita certeza”.
La controversia sobre la vigencia del estado de excepción es debido a que la medida ya carece de validez jurídica, debido a que el Congreso Nacional, reunido en sesión extraordinaria con la mayoría de diputados, decidió improbar el decreto en lugar de ratificarlo como exige el artículo 187 de la Constitución.
Pese a esta determinación legislativa y al análisis de expertos que confirman que garantías como la libre circulación y la inviolabilidad del domicilio siguen vigentes, las fuerzas de seguridad continúan ejecutando operativos bajo este marco cuestionado, lo que ha generado una discrepancia institucional crítica a pocas horas de los comicios generales.
Ante este escenario, se ha advertido que los agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas incurren en violaciones a los derechos humanos si realizan detenciones o allanamientos amparándose en un decreto no ratificado, sin que puedan alegar obediencia debida o ignorancia de la ley.
Por ello, se ha urgido a la Corte Suprema de Justicia a convocar de inmediato al pleno para resolver los recursos presentados y brindar la certeza jurídica necesaria a la población antes del 30 de noviembre. OB/Hondudiario
