*** El proceso electoral en Honduras agregó nuevos ingredientes tras la revocación de visados por parte de Estados Unidos a figuras clave del oficialismo.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, señaló que actores internacionales como Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros observadores advierten sobre acciones que podrían “obstaculizar la confirmación de la voluntad del pueblo hondureño manifestada en las urnas el 30 de noviembre”.
Hernández manifestó que los actores internacionales insisten en una posición firme frente a cualquier intento de interferencia en el proceso democrático hondureños, y que actualmente está empañado por un clima de alta tensión política.
Citó que el mensaje de la comunidad internacional es claro, de “no vamos a ser indiferentes a cualquier acción que atente contra la democracia en Honduras”.
Con lo anterior, no se puede descartar la continuidad de sanciones internacionales y sostuvo que “sin duda alguna, es posible que haya otros” ciudadanos hondureños a quienes se les revoque la visa, siendo medidas que podrían adoptarse frente a conductas consideradas contrarias al orden democrático.
Anticipó que “no solamente Estados Unidos” dispone de este tipo de herramientas, y recordó que la Unión Europea y el Reino Unido también cuentan con mecanismos para “impedir el ingreso a sus países a cualquier persona que consideran que atentó contra los derechos humanos y contra la democracia”.
El proceso electoral en Honduras agregó nuevos ingredientes tras la revocación de visados por parte de Estados Unidos a figuras clave del oficialismo, entre ellos el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Washington justificó estas sanciones acusándolos de socavar la democracia y obstaculizar el recuento de votos, en un momento donde las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López han denunciado ser víctimas de persecución política y “trampas” administrativas que buscan impedir la declaratoria oficial de resultados.
Simultáneamente, el escrutinio especial de las 2,792 actas con inconsistencias avanza con una lentitud extrema en las instalaciones del Infop, marcado por un clima de hostilidad y denuncias de sabotaje.
La comunidad internacional y los observadores de la OEA mantienen una vigilancia estricta sobre el Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que el cumplimiento del cronograma constitucional es vital para evitar una crisis de legitimidad que ponga en riesgo la estabilidad democrática del país. OB/Hondudiario
