lunes, enero 12, 2026
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CN opera bajo intereses del Ejecutivo e intenta bloquear la alternancia de poder

Tegucigalpa, Honduras

*** El CN ha convocado a sesiones en las cuales aprueban decretos sin el pleno completo.

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos publicó su editorial como todos los lunes en el que se refirió en esta ocasión al “caos” del Congreso Nacional (CN), el cual para ella opera bajo los intereses del Poder Ejecutivo y por ende, intenta bloquear la alternancia de poder luego de las elecciones generales en que Libertad y Refundación (Libre), quedó rezagada y al margen por los hondureños.

Honduras atraviesa la etapa poselectoral bajo señales que exceden una crisis política ordinaria, lo que se desarrolla hoy en el país no es un simple desacuerdo sobre interpretaciones legales ni un conflicto procedimental menor, sino una disputa profunda por el control institucional del poder, en un escenario marcado por decisiones que tensionan los límites del orden constitucional y democrático.

Castellanos opinó que: “La actual configuración del Congreso Nacional, que actúa bajo condiciones jurídicamente cuestionables y al margen de las reglas básicas de funcionamiento democrático, no puede interpretarse como un accidente procedimental. Representa, por el contrario, la praxis del poder hegemónico reacomodándose tras el castigo electoral, mientras utiliza la institucionalidad legislativa como instrumento de control y resistencia al cambio expresado en las urnas”.

“Este Congreso, cuya legitimidad de actuación se encuentra severamente debilitada, ha dejado de cumplir su función como contrapeso republicano. En la práctica —y particularmente bajo la dirección de la facción oficialista—, opera de manera alineada y funcional a los intereses del Poder Ejecutivo, erosionando el principio de separación de poderes y reduciendo la representación popular a un mero trámite formal”, puntualizó la directora del CNA.

En tal sentido, Castellanos opinó que este escenario de desorden institucional actúa como una “cortina de humo” frente a los desafíos reales de la transición poselectoral. Mientras la atención pública se consume en disputas sobre juntas directivas y validez de actos legislativos, las estructuras de poder, privilegio e impunidad permanecen intactas, alejando cualquier posibilidad de una transformación democrática real.

“La subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo no responde únicamente a afinidades partidarias, refleja una degradación más profunda del sistema republicano. La división de poderes, pilar esencial del Estado de derecho, se ve reemplazada por una dinámica donde el Congreso valida decisiones previamente definidas, bajo una apariencia de legalidad que pierde credibilidad ante la ciudadanía”, expuso Castellanos.

Por tanto, cerró: “Honduras no enfrenta hoy un debate técnico reservado a juristas, sino un desafío político e institucional que interpela a toda la sociedad. Lo que está en juego es si el proceso poselectoral derivará en una recomposición democrática legítima o en la consolidación de prácticas que debilitan la voluntad popular y profundizan la crisis del Estado de derecho”. AB/Hondudiario

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