*** La cúpula empresarial ratificó su respaldo absoluto a las decisiones y a la declaratoria de elecciones generales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló este lunes que el decreto del recuento voto por voto emitido por el Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara de Zelaya “es ilegal”, y advirtió que la disposición pone en riesgo el orden constitucional, la sucesión presidencial y la voluntad expresada por el pueblo hondureño en las urnas el pasado 30 de noviembre.
Gallardo recalcó que el empresariado del país reafirma su “confianza plena” en la institucionalidad y brinda su apoyo total al nuevo gobierno del presidente electo Nasry “Tito” Asfura.
“Queremos una sucesión presidencial tranquila, transparente, Así que nuestra posición es que el decreto emitido en el Congreso Nacional es ilegal. Pese a la crisis política que atravesamos, el sector productivo reafirma su confianza plena en la institucionalidad. Nuestro apoyo al nuevo gobierno del presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah”.
De su lado, la vicepresidenta del Cohep, María Cristina González, indicó que Honduras debe mejorar sus indicadores internacionales para recuperar la competitividad y la credibilidad como destino de inversión. La empresaria explicó que alcanzar buenos indicadores en materia de “seguridad jurídica” constituye uno de los principales desafíos para el país en el corto plazo.
Honduras requiere volver a integrar instituciones mundiales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para generar confianza entre los inversionistas. González puntualizó que la ausencia en estos organismos coloca a la nación en “desventaja frente” a otros países de la región que sí ofrecen respaldo institucional a los capitales extranjeros.
Asimismo, desglosó que los indicadores de Estado de Derecho reflejan una “debilidad estructural” y que Honduras se ubica en la posición 116 de 142 países, “lo que evidencia la necesidad de fortalecer las institucionalidades, la independencia de los poderes del Estado, el cumplimiento de contratos y la certeza en la aplicación de la ley”.
Por su parte, Julio Raudales, directivo del Cohep, manifestó que el sector privado valora la estabilidad como la base de una economía fuerte y generadora de puestos de trabajo. El representante empresarial recalcó que los actores que protagonizan la vida política nacional tienen la obligación de actuar con una “responsabilidad colectiva” ante la incertidumbre generada por el proceso electoral.
Raudales indicó que confían en que las Fuerzas Armadas darán “cumplimiento efectivo” a la disposición constitucional para resguardar el material electoral del proceso del treinta de noviembre.
Puntualizó que la institución castrense no está obligada a cumplir órdenes de carácter ilegal o inconstitucional según lo establecido en la Carta Magna hondureña. El sector privado manifestó su respaldo a la decisión del jefe de las Fuerzas Armadas de mantener bajo custodia los documentos electorales para garantizar que se respete el “nuevo rumbo” elegido por el país.
El sector privado concluyó que trabajará de manera constructiva junto al gobierno de Nasry Asfura para enfrentar los desafíos y reconstruir Honduras en los próximos cuatro años. La dirigencia empresarial recalcó que la nación se reconstruye con “inversión y productividad” y no mediante discursos políticos, asumiendo su compromiso de ser parte activa en la solución de los problemas nacionales. OB/Hondudiario
