*** La intervención de la Sala es una medida urgente para preservar el imperio de la Carta Magna frente a las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo el pasado 8 de enero.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está llamada a actuar ante los intentos de vulnerar el orden democrático y garantizar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, de cara a la toma de posesión del presidente electo Nasry “Tito” Asfura el próximo 27 de enero.
El abogado Hermes Ramírez interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 58-2025 y un recurso de amparo contra las actuaciones del Congreso Nacional para frenar lo que calificó como una invasión a las atribuciones del Consejo Nacional Electoral.
Ramírez explicó que la intervención de dicho tribunal es una medida urgente para preservar el imperio de la Carta Magna frente a las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo el pasado 8 de enero. El jurista solicitó además la suspensión del acto reclamado con el fin de proteger el resultado de la voluntad popular expresada durante los comicios generales.
Al respecto, la diputada Fátima Mena manifestó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es la instancia legalmente facultada para resolver el conflicto de competencias entre el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras las recientes acciones legislativas.
La parlamentaria explicó que la Ley sobre Justicia Constitucional establece con claridad el procedimiento a seguir cuando surgen disputas de autoridad entre los poderes del Estado y los entes electorales autónomos.
“La Ley sobre Justicia Constitucional claramente establece que cuando hay un conflicto, ya sea entre poderes del Estado sobre un tema de competencia y el Consejo Nacional Electoral, el llamado a resolverlo es justamente la Sala de lo Constitucional”, dijo.
Mena señaló que lo resuelto por Redondo “está lejos de ser un decreto legislativo, es una resolución adoptada pues unilateralmente acompañado con diputados de libre sin que existiera ni convocatoria, ni quórum”.
Según planteó, el documento impulsado por Luis Redondo carece de validez jurídica por ser una “resolución adoptada pues unilateralmente” sin contar con el respaldo de una convocatoria oficial ni el quórum de ley. La legisladora indicó que la Sala de lo Constitucional debe aplicar la normativa vigente para asegurar la “supremacía constitucional” ante actos que considera alejados de la legalidad parlamentaria.
“Aunque hubiese tenido convocatoria, quórum y todas las legalidades que careció claramente este documento, lo más importante es que no tiene competencia o atribuciones el Congreso Nacional para asumir las tareas que constitucionalmente conforman el artículo 51 de la constitución y le corresponden al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia, por lo tanto, pues considero que es un recurso bien planteado y que la sala deberá pronunciarse”, aclaró.
La congresista puntualizó que el Congreso Nacional no posee facultades para “asumir las tareas” que la Constitución de la República asigna de forma exclusiva al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral.
Por su parte, el experto en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos, cuestionó la inacción de la Sala de lo Constitucional ante el decreto emitido por el Congreso Nacional de Luis Redondo, calificándolo como una “violación a la Constitución” por carecer de facultades legales para certificar procesos electorales.
El jurista indicó que la normativa fue aprobada mediante una “convocatoria ilegal” efectuada por una Comisión Permanente y sin alcanzar los “86 votos” requeridos para asuntos de naturaleza electoral.
Barrientos recalcó que la falta de un pronunciamiento judicial inmediato podría derivar en responsabilidades penales para los magistrados por su presunta colaboración con quienes violentan el ordenamiento jurídico. El experto puntualizó que el tribunal debe evitar ser señalado como cómplice de “traición a la patria” y procedió a cuestionar si será necesaria una intervención en dicha sala ante la gravedad de los hechos denunciados.
“Será que habrá que ir a intervenir esa sala o el día de mañana, juzgarlos por cómplices de los delitos cometidos por los que violentan la Constitución y cometen traición a la patria??”, cuestionó. OB/Hondudiario
