*** El proceso judicial pretende frenar la orden remitida al Consejo Nacional Electoral.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió un total de cuatro recursos legales interpuestos entre el 10 y el 12 de enero para impugnar el Decreto 58-2025 que ordena un recuento de votos sobre los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El grupo de abogados indicó que el proceso judicial pretende frenar la orden remitida al Consejo Nacional Electoral debido a las alegaciones de irregularidades cometidas por el Legislativo al momento de aprobar la “usurpación de curules” denunciada formalmente.
La Sala de lo Constitucional recibió cuatro recursos legales contra decisiones adoptadas por el Congreso Nacional relacionadas con el proceso electoral y actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), según un registro de recursos interpuestos por abogados y ciudadanos en enero de 2026.
El primer recurso corresponde a una acción de amparo presentada por el abogado Hermes Ramírez en su condición personal el 10 de enero de 2026. El objetivo del recurso es que se respete la decisión del CNE y se declare la nulidad de actos reclamados contra las actuaciones de Luis Redondo y otros miembros del Congreso Nacional durante la sesión celebrada el 8 de enero de 2026.
Un segundo recurso fue interpuesto por el mismo abogado el 11 de enero de 2026, bajo la figura de conflicto de competencias. En este se señala un conflicto entre el Congreso Nacional y el CNE, y se solicita que se respete la declaratoria del CNE que establece a los ganadores de las elecciones en Honduras.
El 12 de enero de 2026 se presentó una tercera acción de amparo por el abogado Ruth Lafosse a favor de varios ciudadanos. Este recurso reclama la decisión de instalar una comisión permanente en el Congreso Nacional el 31 de octubre de 2025, la actuación continuada de dicha comisión en sustitución del Pleno, la convocatoria a sesión del Congreso realizada por Luis Redondo el 8 de enero de 2026, el bloqueo físico y material al acceso al hemiciclo y la sesión celebrada en esa misma fecha.
Ese mismo día se presentó una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados Fernando Gonzales y Leonel Humberto Núñez. El recurso fue planteado contra el decreto 58-2025 publicado el 9 de enero de 2026, en relación con las decisiones del Congreso Nacional sobre el recuento de los votos de las elecciones.
Por su parte, el experto en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos, cuestionó la inacción de la Sala de lo Constitucional ante el decreto emitido por el Congreso Nacional de Luis Redondo, calificándolo como una “violación a la Constitución” por carecer de facultades legales para certificar procesos electorales.
El jurista indicó que la normativa fue aprobada mediante una “convocatoria ilegal” efectuada por una Comisión Permanente y sin alcanzar los “86 votos” requeridos para asuntos de naturaleza electoral.
Barrientos recalcó que la falta de un pronunciamiento judicial inmediato podría derivar en responsabilidades penales para los magistrados por su presunta colaboración con quienes violentan el ordenamiento jurídico. El experto puntualizó que el tribunal debe evitar ser señalado como cómplice de “traición a la patria” y procedió a cuestionar si será necesaria una intervención en dicha sala ante la gravedad de los hechos denunciados. OB/Hondudiario
