*** No desconoció el control que ejercen los partidos políticos desde el Congreso Nacional sobre las instituciones judiciales del país.
El exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, afirmó este viernes que la presidenta saliente Xiomara de Zelaya y su esposo y asesor, Manuel Zelaya, “nunca tuvieron realmente” la voluntad para combatir la corrupción e instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) y solo fue “una promesa al viento, una promesa de campaña electoral, pero ellos sabían que jamás iban a instalar una misión porque esto hubiera implicado seguramente muchas consecuencias para ellos mismos”.
Juan Jiménez Mayor manifestó que la ausencia de esta prometida comisión internacional evitó repercusiones legales para miembros de Libre o de otras instituciones políticas debido a que el fenómeno de la corrupción posee un espectro mucho mayor en la realidad de Honduras.
“Hay que decirlo de manera clara que hemos tenido ustedes han tenido un proceso electoral que ha generado un cambio en el país, en la población, ha hablado un resultado por decir lo demás muy ajustado, pero que es una consecuencia finalmente si tenemos que decir a quien, así que ha sido castigado en este proceso el propio gobierno”, dijo Jiménez Mayor, para el explicar el revés electoral del oficialismo.
El incumplimiento de la instalación de una misión de apoyo generó una expectativa absolutamente infundada en la ciudadanía por una propuesta que carecía de contenido real desde su origen, según el exvocero.
Sobre si con un nuevo Congreso Nacional podría impulsarse el combate a la corrupción, opinó que “yo no tengo mucha expectativa de lo que pueda ocurrir, porque creo que lo que ha acontecido con el fiscal Santos es el aviso de lo que va a pasar seguramente en los próximos años en el país, es decir, el desmantelamiento de instituciones”.
Ante la situación actual de la UFERCO, indicó que el nuevo gobierno encontrará un escenario sin obstáculos en el Ministerio Público, mientras el Fiscal General vigente permanezca en sus funciones por un tiempo adicional.
“Esto va a significar básicamente que las cosas van a seguir como estaban no va a haber ningún cambio salvo que el congreso quiera tomar una decisión política real de enfrentar el problema, pero es algo que va a ser difícil poder comprender o que se tome la decisión”, manifestó el exvocero en comunicación con TSi.
No desconoció el control que ejercen los partidos políticos desde el Congreso Nacional sobre las instituciones judiciales del país y que afecta los estándares de transparencia y el monitoreo de la gestión pública.
Jiménez Mayor concluyó que la remoción del fiscal Luis Javier Santos constituye una afectación directa a la lucha contra la impunidad y reiteró que las entidades de justicia no deben responder a cuotas partidarias. OB/Hondudiario
