*** La alta jueza indicó que los amparos carecen de efectos suspensivos mientras que las acciones de inconstitucionalidad simplemente fueron admitidas a trámite.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isbela Bustillo, confirmó este lunes que la Sala de lo Constitucional admitió los recursos contra el decreto 058-2025 que aprobó Luis Redondo, pero sin aplicar la suspensión del acto reclamado, una determinación que desde su análisis vulnera la estabilidad democrática del país.
En términos claros, “sin suspender el acto reclamado” significa que el acto, decisión o resolución que se está impugnando sigue vigente y se sigue aplicando mientras se resuelve el recurso.
Es decir, aunque una persona haya presentado una apelación, queja o acción legal contra una decisión, esa decisión no se detiene ni se paraliza por el simple hecho de haber presentado el recurso.
Bustillo manifestó que la decisión judicial permite la vigencia de la normativa impugnada, ya que “fueron admitidos los recursos, pero no se blindó la parte que la población debería entender que hay una Sala de lo Constitucional garante de sus derechos”.
“Y eso es una lástima porque era una oportunidad única que teníamos como sala para garantizarle a la población lo que era la estabilidad de los principios democráticos constitucionales que tiene el Estado de Honduras”, declaró a periodistas en Tegucigalpa.
La alta jueza indicó que los amparos carecen de efectos suspensivos mientras que las acciones de inconstitucionalidad simplemente fueron admitidas a trámite por los cinco magistrados que integran dicha sala.
La profesional recalcó que “la Sala sí perdió la oportunidad única, de haber demostrado al pueblo que estaba garante de sus principios democráticos constitucionales”.
Bustillo señaló que la falta de “liderazgo y compromiso” entre sus colegas impidió una protección efectiva de los principios democráticos que rigen el Estado hondureño.
“Por eso hoy salí a dar mi cara porque yo estaba de acuerdo en las medidas de suspensión y también estaba de acuerdo en frenar mediante las inconstitucionalidades cualquier actuación de las personas que pretendan violentar el estado de derecho en el país”, sostuvo.
“He salido hoy a hablar a título personal como profesional porque soy una académica de carrera y me debo a mis alumnos y a la población en decirles que yo estaba de acuerdo en otorgar sus pensiones para frenar algunos abusos desde el poder”, reiteró.
La resolución final sobre el fondo de las impugnaciones corresponderá ahora al pleno de la Corte Suprema de Justicia, aunque el acto reclamado podría haber perdido su impacto inmediato.
La futura decisión del pleno servirá únicamente como “jurisprudencia” para casos posteriores debido a que el momento procesal oportuno para frenar el decreto fue desaprovechado por la Sala, según expuso la togada. OB/Hondudiario
