*** El CNA documentó múltiples casos de nepotismo en distintas instituciones del Estado, incluyendo la designación de familiares directos de la pareja presidencial y de altas autoridades en cargos estratégicos.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos publicó en sus redes sociales una publicación en la que opinó sobre el mandato de Libertad y Refundación (Libre), y su presidenta, Xiomara Castro de Zelaya, en el que dijo que “el circo que se va” dejó igual o peor imagen que la de sus antecesores.
Inició diciendo que la llegada de Libre al poder, en enero de 2022, estuvo marcada por una narrativa ambiciosa: la promesa de una “refundación” del Estado, el combate frontal a la corrupción y el compromiso de desmontar las estructuras que, durante años, capturaron lo público.
La bandera anticorrupción se presentó como el eje central de ese nuevo ciclo político, con anuncios contundentes como la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), y una supuesta ruptura definitiva con el pasado reciente. Honduras, cansada de abusos y escándalos, depositó en ese discurso una expectativa legítima de cambio.
Seguidamente, cuatro años después, al acercarse el cierre del período constitucional, el balance obliga a una mirada más rigurosa. La CICIH, símbolo principal de aquella promesa, nunca trascendió el terreno de la expectativa. A pesar de negociaciones prolongadas, memorandos y anuncios reiterados, el proceso se estancó cuando fue necesario adoptar las reformas legales indispensables en el Congreso Nacional (CN). El resultado fue una cadena de dilaciones que terminó por vaciar de contenido el compromiso original y reforzar la percepción de protección política frente a eventuales investigaciones.
“Es cierto que se adoptaron algunas decisiones relevantes, como la derogación de la Ley de Secretos y la eliminación de fideicomisos opacos que, durante años, facilitaron el uso discrecional de fondos públicos. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, resultaron insuficientes frente a un fenómeno que no solo persistió, sino que se adaptó y encontró nuevas formas de reproducción dentro del aparato estatal. Uno de los rasgos más preocupantes del período fue el uso del poder público para favorecer a redes de parentesco”, parte de lo dicho por Castellanos.
El CNA documentó múltiples casos de nepotismo en distintas instituciones del Estado, incluyendo la designación de familiares directos de la pareja presidencial y de altas autoridades en cargos estratégicos. Estas prácticas no solo contradijeron el discurso de cambio, sino que debilitaron la confianza ciudadana y reforzaron la idea de un Estado utilizado como patrimonio privado, indicó.
“A ello se sumaron escándalos que nunca recibieron respuestas institucionales claras ni investigaciones con consecuencias visibles. La divulgación de un video que vinculaba al cuñado de la presidenta y diputado del Congreso Nacional con actores del crimen organizado fue minimizada desde el oficialismo, contribuyendo a enterrar definitivamente cualquier posibilidad de avanzar en un mecanismo internacional anticorrupción creíble”, reiteró.
De tal modo, “casos como Koriun, donde miles de personas resultaron afectadas por una estafa financiera, evidenciaron además una peligrosa confusión entre responsabilidad pública e intereses privados. La utilización de recursos estatales para cubrir fraudes, sin una investigación exhaustiva ni sanciones ejemplares, sentó un precedente riesgoso y profundamente injusto para los contribuyentes”.
A su vez, se le añadió denuncias como el uso clientelar de programas sociales, como el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); procesos de compras directas en el sector seguridad con proveedores cuestionados; y la persistencia de prácticas históricas, como las planillas fantasmas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Hechos distintos, pero conectados por un mismo patrón: la debilidad en los controles y tolerancia política.
“En ese contexto, el CN terminó consolidándose como un espacio estéril para las reformas estructurales prometidas. Iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y la persecución penal de la corrupción quedaron archivadas, configurando uno de los períodos legislativos menos productivos”, analizó Castellanos.
Y cerró: “La ciudadanía expresó su descontento en las urnas en noviembre 2025. Más allá de lecturas partidarias, el mensaje fue claro: la distancia entre las promesas y los resultados fue demasiado amplia”. AB/Hondudiario
DISCULPEN MI CASTELLANO
El circo que se vaLa llegada de Libre al poder, en enero de 2022, estuvo marcada por una narrativa ambiciosa: la promesa de una “refundación” del Estado, el combate frontal a la corrupción y el compromiso de desmontar las estructuras que, durante años,… pic.twitter.com/QTXS65MJiK
— Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) January 19, 2026
