*** El Conadeh reafirmó su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), por medio de su titular, Blanca Izaguirre, opinó sobre la notificación al Estado de Honduras sobre la sentencia del Caso Zelaya mediante la cual se declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Leonela Zelaya, mujer trans asesinada en septiembre del 2004 en Comayagüela.
A través de un comunicado, el Conadeh indicó que el “Caso Zelaya y otra” debe ser asumido por el Estado hondureño como una oportunidad para revisar de manera profunda y transversal las políticas, marcos normativos y prácticas institucionales que continúan reproduciendo la discriminación contra las personas trans.
Agregaron que en Honduras “persisten condiciones estructurales que reproducen la impunidad y colocan a las personas trans en una situación de riesgo permanente”.
El Conadeh reafirmó su compromiso de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado hondureño, así como de acompañar a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil en la exigencia de la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Por lo tanto, tomaron nota de la reciente notificación de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Zelaya y otra vs. Honduras, mediante la cual se declara la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Leonela Zelaya y Talía Rodríguez, en un contexto marcado por discriminación estructural, violencia y exclusión histórica, falta de debida diligencia reforzada en la investigación de los hechos y falta de reconocimiento de su identidad y expresión de género.
En tal sentido, el Conadeh recordó que dicha sentencia no solo impone al Estado obligaciones de reparación individual, sino que reafirma el deber ineludible de adoptar medidas integrales y estructurales orientadas a erradicar las causas profundas de la discriminación contra las personas trans, incluyendo patrones institucionales de exclusión, estigmatización y violencia, particularmente en el acceso a la justicia y a la protección efectiva de la vida e integridad personal.
A su vez, expresaron su preocupación por la ausencia de avances sustanciales en el cumplimiento de las medidas ordenadas en el Caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Además de lo ordenado por el tribunal interamericano, persisten condiciones estructurales que reproducen la impunidad y colocan a las personas trans en una situación de riesgo permanente, lo cual evidencia una brecha significativa entre los compromisos internacionales asumidos por el Estado y su materialización en políticas públicas, prácticas institucionales y garantías reales de protección.
Seguidamente, subrayaron que el Caso Zelaya y otra debe ser asumido por el Estado hondureño como una oportunidad para revisar de manera profunda y transversal las políticas, marcos normativos y prácticas institucionales que continúan reproduciendo la discriminación contra las personas trans, y no como un cumplimiento meramente formal de obligaciones internacionales
Finalmente, el Conadeh reitera que la protección de los derechos de las personas trans no admite dilaciones ni respuestas parciales, y que el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte IDH constituye una obligación jurídica internacional y un imperativo ético. AB/Hondudiario
