*** La prórroga más reciente fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2025, extendiendo la vigencia hasta el 26 de enero de 2026.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, declaró este miércoles que el estado de excepción que aplicó el Gobierno de la presidenta saliente Xiomara de Zelaya “no va a ser necesario derogarlo, porque vence el 26 de enero”, pero omitió opinar sobre que el próximo mandatario no continuará con dicha medida.
“El estado de excepción no va a ser necesario derogarlo, porque vence el 26 de enero”, dijo el ministro Gustavo Sánchez Velásquez a periodistas.
Sánchez Velásquez recordó que el actual Gobierno tomó “muchas decisiones” en materia de seguridad ciudadana que permitieron “bajar” una tasa de homicidios de “42 sobre 100 mil habitantes a 23”.
“Estamos hablando de casi el 50 por ciento de disminución en el índice de homicidios y no lo dice el gobierno de Xiomara Castro, lo dicen instituciones especializadas en el tema”, argumentó.
El gobierno saliente implementó diferentes estrategias, como ser el “Plan de Solución contra el Crimen” en tres fases, y que también incluyó un cuestionado estado de excepción por falta de resultados.
El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, aseguró semanas atrás que “en Honduras no se puede seguir bajo estados de excepción permanentes”, siendo las primeras decisiones que marcarán el inicio de su mandato el próximo 27 de enero de 2026.
Mediante una entrevista con el programa Conclusiones de CNN en Español, el mandatario electo puntualizó que la política de seguridad ciudadana no debe depender de medidas restrictivas constantes, sino de un fortalecimiento integral de las instituciones nacionales y la generación masiva de oportunidades laborales.
Como se recordará, el estado de excepción se implementó por primera vez el 6 de diciembre de 2022 bajo el mandato de la presidenta Xiomara de Zelaya, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022. Su objetivo original fue combatir la extorsión y la criminalidad organizada en los municipios con mayores índices de violencia, específicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, aunque posteriormente se expandió a la mayor parte del territorio nacional.
Hasta la fecha actual, 21 de enero de 2026, la medida ha superado al menos las 25 extensiones consecutivas, y la mayoría no tuvo la aprobación del Congreso Nacional, solo la de Consejo de Ministros.
La prórroga más reciente fue aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2025, extendiendo la vigencia hasta el 26 de enero de 2026.
