*** Las actuaciones pasadas se caracterizaron por “actos que fueron autoritarios”.
El analista y abogado Kenneth Madrid señaló que el Congreso Nacional bajo la administración del exdiputado Luis Redondo se encontraba en un proceso de “involución democrática” y debe ser investigado para no quedar en la impunidad.
Madrid explicó que el Poder Legislativo sufrió un retroceso marcado por acciones que “entorpecieron” el Estado de Derecho durante los últimos cuatro años de gestión parlamentaria.
“Es que hubo muchos actos que fueron autoritarios, interpretaciones antojadizas a la ley, aplicación de la misma de manera incorrecta al margen del ordenamiento jurídico, y este tipo de acciones, le han hecho mucho daño al país, no solo estos cuatro años, sino obviamente hay una secuela ya de acciones donde realmente se viene tratando de manera incorrecta la Constitución de la República”, declaró.
“No pueden quedar en la impunidad. Ese es el gran problema, que, si las acciones que le hicieron mucho daño al sistema democrático, mucho daño al principio de legalidad, que entorpecieron el Estado de Derecho, y yo le diría, que estábamos en un momento en el que el Congreso Nacional iba en un proceso de involución democrática, es decir, iba en retroceso”, adicionó.
Las actuaciones pasadas se caracterizaron por “actos que fueron autoritarios” y por una aplicación de la normativa que resultó incorrecta al margen del ordenamiento jurídico nacional.
“Eso tiene que ser objeto de una investigación, tiene que ser objeto de la objetividad por parte de los entes controladores e investigadores del Estado, y estoy hablando, de responsabilidad administrativa, civil y responsabilidad penal”, reiteró.
Madrid cuestionó “cuál fue la responsabilidad en que incurrió el gobierno legislativo que acaba de terminar” y eso “debe ser objeto de una sanción”.
La responsabilidad administrativa, civil y penal de los exdirectivos constituye un tema que debe ser esclarecido por los “entes controladores” a través de informes técnicos y objetivos.
El analista sostuvo que el pueblo hondureño tiene el derecho de conocer la “responsabilidad en que incurrió” el gobierno legislativo anterior mediante una investigación que derive en sanciones efectivas. OB/Hondudiario
