*** Reivindicación del pueblo ante Gobierno 2026 – 2030: Poder soberano es derecho y poder efectivo del pueblo sobre sí mismo y en su propio bien común.
Ciudadano, Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
Gobierno 2026 – 2030 de Honduras tendrá apoyo constante del pueblo si cumple progresivamente con obligaciones constitucionales del Estado de garantizar y fomentar respeto y protección de la dignidad humana, seguridad y desarrollo sostenible, municipal y nacional, que generen bienestar general y progreso social, en democracia pluralista viva y efectivo Estado de Derecho.
El pueblo – en su conjunto – es el permanente titular exclusivo de la soberanía que en virtud de su derecho de libre determinación ha creado el Estado democrático y pluralista de Derecho para asegurar el respeto, la protección y promoción de la dignidad humana, en un contexto nacional de entornos municipales permanentes de bienestar general y progreso social de todos (as) los habitantes en la República de Honduras.
El poder soberano del pueblo es derecho y poder efectivo sobre si mismo y en su propio bien común que se expresa – como ejercicio de su derecho de libre determinación – en la Constitución de la República. Los gobiernos que no han sabido ni querido dirigir el funcionamiento del Estado en conformidad con la Constitución: son los principales responsables de la situación de pobreza de la mayoría de nuestro pueblo, de nuestro subdesarrollo y de nuestra muy limitada educación y cultura democrática, hasta la fecha.
Ello ha atentado contra la democracia pluralista y el imperio del Derecho que deben guiar tanto el funcionamiento del Gobierno en su debida gestión legítima del Estado Democrático de Derecho hacia su superior finalidad social de proteger y promover la dignidad humana de la hondureñidad; como la consolidación democrática del Estado y de la vida en sociedad.
Ante nuevo Gobierno 2026 – 2030: el Pueblo soberano reivindica su derecho al imperio de la Constitución y, con ello, al goce y disfrute de su dignidad y derechos humanos; y su derecho a la democracia y al mejoramiento constante de calidad de vida y de trabajo, con seguridad humana y desarrollo sostenible en todos los municipios de Honduras.
Esa es obligación constitucional del Estado por lo que se impone democratizar el funcionamiento del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial; Ministerio Público y otra institucionalidad, en particular de los Partidos Políticos que están constitucionalmente reconocidos para servir como instrumentos para la efectiva participación de ciudadanía en asuntos públicos.
Hasta la fecha, el funcionamiento de los Partidos Políticos ha sido utilizado para lograr el poder del Gobierno y mantenerse ahí o tener influencias en ese poder para disfrutar abusivamente de sus beneficios, en perjuicio de la evolución y progreso democrático de la Nación; y de la promoción y protección de la dignidad humana.
En consecuencia, La ciudadanía reivindica el derecho del pueblo a la dignidad humana y a los derechos humanos, a la democracia, a la libertad, al desarrollo, a la seguridad, a la justicia social y a la paz. Derechos propios de las personas y de todo el pueblo hondureño – sin exclusión ni marginación alguna, -que deben cumplirse con políticas y medidas de Estado que deben comenzar a formularse ya; y a ponerse en vigencia efectiva.
De esa manera y con ese alcance, el pueblo soberano de Honduras expone la presente reivindicación que se fundamenta en su derecho de libre determinación, en la Constitución de la República; Ley Electoral; Protocolo de Tegucigalpa que institucionaliza el Sistema de la Integración Centroamericana; Tratado de Integración Social Centroamericana; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Carta Democrática Interamericana y, en general, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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