*** Las fuerzas políticas interesadas en el proceso consideran necesario “dejar precedentes”.
La designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó que la iniciativa de un eventual juicio político contra el Fiscal General Johel Zelaya permanece activa, bajo el impulso de diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal que buscan garantizar el respeto al Estado de derecho.
La funcionaria manifestó que la iniciativa legislativa pretende evitar que se envíe el mensaje de que un titular del Ministerio Público puede actuar “sin consecuencias” ante presuntas irregularidades administrativas o legales.
“Hay algunos diputados que anhelan aplicar el juicio político al Fiscal General no por un sueño partidario, sino más bien para dejar un precedente de que cuando alguien actúa al margen de la ley debe ser castigado”, dijo.
“No hacerlo deja un mal sabor de boca y también envía el mensaje de que el próximo fiscal puede actuar sin consecuencias”, advirtió.
Mejía recalcó que el castigo a quienes deciden actuar “al margen de la ley” resulta esencial para la salud democrática del país y para la protección de la institucionalidad frente a futuras gestiones.
Puntualizó que las fuerzas políticas interesadas en el proceso consideran necesario “dejar precedentes” institucionales para asegurar que el cumplimiento de la normativa del país prevalezca sobre los intereses particulares de los funcionarios.
Por su parte, exfiscal y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, sostuvo que la actuación del Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya, en los requerimientos fiscales vinculados al escándalo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) respondió a la presión política generada tras la divulgación del denominado video del “checaso”, situación que colocó al titular del ente acusador “contra la espada y la pared” ante las amenazas de un juicio político.
Orellana señaló que, aunque han existido otros videos relacionados con presuntos actos irregulares, el caso de Sedesol ha sido el único que derivó en una acción concreta, lo que a su juicio evidencia una reacción coyuntural y no el resultado de una política sostenida del Ministerio Público para enfrentar la corrupción generalizada en el país, al calificar el proceso como un “caso selectivo”.
En ese contexto, sostuvo que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deben ser objeto de mayor exigencia si pretenden demostrar un combate real contra la corrupción en Honduras, pues el momento actual representa una oportunidad clave para actuar con mayor contundencia y sin selectividad. OB/Hondudiario
