*** La familia exige transparencia total en la repetición del juicio.
La madre de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, Norma Rodríguez, denunció este viernes (y a cinco años de su muerte) frente a la Corte Suprema de Justicia que el Estado financia la defensa legal de los señalados por el crimen y exigió una fecha inmediata para la “repetición del juicio”.
Rodríguez manifestó que desde el Estado “protegen a los asesinos” mediante el pago de honorarios jurídicos con fondos públicos mientras el asesinato ocurrido en febrero de 2021 permanece sin un castigo judicial definitivo.
“El caso de Keyla sigue en la impunidad, nosotros mientras tengamos vida vamos a seguir exigiendo hasta que todos los culpables paguen por el crimen”, dijo.
La progenitora indicó que los responsables directos del homicidio registrado en la posta policial de La Esperanza mantienen sus cargos en instituciones del Estado y devengan salarios provenientes del “dinero del pueblo”.
“Desde un principio han protegido a los responsables del crimen, siguen trabajando en puestos públicos, siguen devengando sus salarios, y siguen quién sabe si matando más mujeres porque la Secretaría de Seguridad pago todos los gastos a un grupo de abogados bien pagados y todo ese dinero de donde salió del pago de los impuestos de la secretaría y que estén pagando a asesinos con el dinero del pueblo”, adicionó.
Rodríguez puntualizó que los jueces de Siguatepeque asignados al proceso anterior deben ser sustituidos tras emitir resoluciones que permitieron que la muerte de Keyla se mantenga en la impunidad durante cinco años.
Sostuvo que la investigación debe alcanzar a todos los agentes presentes en la sede policial aquella noche incluyendo al subcomisionado Melvin Alvarenga y al oficial Edgar Velásquez por ser presuntos “cómplices principales” del hecho.
“Que se investigue a todos los que estuvieron esa noche en la posta policial, hasta que no los juzguen a ellos no vamos a estar tranquilos, desde un principio los han protegido, se les han pagado abogados, peritos para favorecerlos”, insistió.
La familia exige transparencia total en el nuevo debate judicial para evitar que el sistema de seguridad continúe con la práctica de favorecer a oficiales que “pagan su defensa” con recursos estatales. OB/Hondudiario
