*** Emilio Hércules destacó que el respeto a este mecanismo es crucial para garantizar una gestión pública eficiente, transparente y responsable.
El ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules envió una carta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando en la que solicita el cumplimiento del artículo 313 del Presupuesto General de la República luego de los constantes embargos millonarios que afectan la caja única del Estado.
En tal sentido, la carta manifiesta la preocupación del ministro por los débitos diarios y sistemáticos que se van realizando directamente de la Cuenta Única del Tesoro, estos cobros limitan el cumplimiento oportuno de obligaciones ineludibles en la prestación de servicios públicos esenciales.
“En este sentido, se resalta la importancia fundamental de dar cumplimiento al procedimiento previsto en el artículo 313 de la norma mencionada, el cual resulta crucial considerando la situación actual de débitos diarios sistemáticos a los que está siendo sometida la Cuenta Única del Tesoro”, decía la carta.
Además: “Dichos débitos limitan el cumplimiento oportuno de obligaciones ineludibles en la prestación de servicios públicos esenciales, como salud, educación y seguridad y, en consecuencia, afectan directamente la protección y bienestar de miles de familias hondureñas”.
Por otro lado, el ministro en la carta expone que cuando se emitan órdenes judiciales para la aplicación de embargos como resultado de la ejecución de dichas sentencias, los Juzgados Correspondientes librarán el Oficio o copia de la Sentencia Firme directamente a la Tesorería General de la República (TGR), para que los montos embargados se ajusten a la disponibilidad presupuestaria de cada una de las instituciones demandadas, sin que se afecte el cumplimiento de los pagos en concepto del servicio de la deuda pública (externa/interna), servicios personales (pagos de salarios y colaterales) y el presupuesto correspondiente a la función operativa de las mismas.
Finalmente, el incumplimiento de ese procedimiento podría conllevar a sanciones, puesto que el mismo decreto establece multas de entre tres a treinta salarios mínimos para los que no acaten lo dispuesto en la normativa. AB/Hondudiario
