*** El asesinato de Juan López representa más que la pérdida de un defensor ambiental: revela la intersección entre defensa del medio ambiente, exigencia de transparencia y estructuras de poder que operan en zonas con alta conflictividad.
El asesinato de Juan López, defensor ambiental, líder religioso y referente comunitario en Tocoa, Colón, expone los altos riesgos que enfrentan quienes denuncian daños al ambiente y exigen rendición de cuentas en Honduras. Su muerte, ocurrida en 2024 en un contexto de creciente conflictividad socioambiental y cuestionamientos al ejercicio del poder local, refleja la vulnerabilidad persistente de las personas defensoras del territorio.
Juan López —originario de El Paraíso, Copán, nacido en 1978— construyó su liderazgo social en el Bajo Aguán. Delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, promovió la Pastoral de Ecología Integral y se convirtió en una de las voces más visibles en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, áreas estratégicas para el acceso al agua y la protección de la biodiversidad.
Su trabajo combinaba la defensa ambiental y la exigencia de transparencia. Desde el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y como regidor municipal, denunció irregularidades en la gestión de permisos ambientales y alertó sobre el impacto de proyectos extractivos vinculados a conglomerados empresariales operando en Tocoa. Esto lo colocó en un entorno lleno de presiones, campañas de desprestigio y amenazas documentadas, a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH lo incluyó entre los beneficiarios de medidas cautelares.
Un crimen ocurrido pese a medidas de protección
En las semanas previas a su asesinato, el ambiente en Tocoa se volvió especialmente tenso debido a denuncias públicas y cuestionamientos sobre el manejo del poder local. En ese contexto, Juan López elevó su voz para exigir transparencia y responsabilidad de las autoridades, lo que aumentó su visibilidad en un entorno ya marcado por conflictos ambientales y criminalización de defensores.
El 14 de septiembre de 2024, apenas días después de estas exigencias, Juan López fue asesinado a balazos al salir de la iglesia San Antonio de Padua, tras participar en una actividad religiosa. El ataque ocurrió en un espacio público, a pesar de que contaba con medidas de protección por el riesgo previamente identificado. Su muerte generó preocupación nacional e internacional, tanto por la gravedad del crimen como por lo que revela sobre la fragilidad de los mecanismos estatales de resguardo para personas defensoras.
Los primeros avances de la investigación incluyeron la detención inicial de tres sospechosos, quienes posteriormente fueron liberados por falta de pruebas. Semanas después, el Ministerio Público capturó y acusó a tres personas más como presuntos autores materiales, trasladando el caso a la jurisdicción especializada en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
A pesar de estas acciones, el proceso judicial continúa sin sentencia firme y aún no se han identificado a los posibles autores intelectuales, una omisión que mantiene abiertas las demandas de justicia y esclarecimiento total del crimen.
Por qué su historia importa
El asesinato de Juan López representa más que la pérdida de un defensor ambiental: revela la intersección entre defensa del medio ambiente, exigencia de transparencia y estructuras de poder que operan en zonas con alta conflictividad. Su caso muestra cómo la vulnerabilidad se incrementa cuando un líder comunitario enfrenta simultáneamente intereses económicos, presión política y ausencia de protección estatal efectiva.
Su historia forma parte de Guardianes silenciados, iniciativa impulsada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el marco del proyecto “Justicia ambiental y protección a defensores ambientales”, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala. El propósito es documentar patrones de violencia, evidenciar omisiones institucionales y exigir verdad, justicia y reparación para quienes defienden los bienes comunes del país.
Recordar a Juan López es reconocer que la defensa del ambiente y la rendición de cuentas siguen siendo actividades de alto riesgo en Honduras y que fortalecer la protección de líderes territoriales es una responsabilidad del Estado que no puede seguir postergándose. AB/Hondudiario
