*** Castellanos advirtió que el aumento de embargos judiciales contra el Estado es consecuencia de años de clientelismo político, señalando que la utilización partidaria del empleo público ha generado una carga financiera que termina afectando directamente a la población.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos mediate sus redes sociales refirió que los embargos al Estado son la factura de décadas de clientelismo político, además que todo esto lo termina pagando la población.
“El costo del clientelismo político Honduras no enfrenta únicamente una crisis financiera; enfrenta las consecuencias acumuladas de una práctica política que ha distorsionado la naturaleza del empleo público: esa que, tradicionalmente, utiliza al Estado como extensión de la maquinaria partidaria, cual, si fuera premio por pegar afiches”, detalló Castellanos.
En su pronunciamiento, indicó que en las últimas semanas se han conocido algunas cifras sobre el aumento de embargos judiciales derivados de demandas laborales contra el Estado, “más allá del número exacto, que sin duda debe analizarse con rigurosidad y transparencia, el fenómeno revela un patrón que no es nuevo: cada transición gubernamental viene acompañada de olas de despidos que posteriormente terminan judicializándose”.
“Esto, finaliza convirtiéndose en la factura de un sistema que usa nóminas fantasmas para comprar lealtades, que desnaturaliza la administración pública y que prioriza cuotas partidarias sobre el mérito, la eficiencia y la decencia”, apuntaron.
Castellanos citó que, cuando el ingreso al servicio público no responde al mérito ni a concursos transparentes, sino a lealtades partidarias, el despido posterior suele producirse bajo la misma lógica, “y cuando esos despidos no respetan el debido proceso ni las garantías laborales, la consecuencia natural es la judicialización. Los trabajadores que demandan al Estado no son adversarios del interés público: ejercen derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación laboral”.
A lo que destacó que, la raíz del problema exige reformas más profundas, tales como: el fortalecimiento real del régimen de servicio civil, los concursos públicos verificables, la modernización de la jurisdicción laboral para evitar mora excesiva y la transparencia pública sobre el volumen real de litigios y su impacto fiscal. ED/Hondudiario
