*** Matute Cano recalcó que la bancada mayoritaria mantendrá su postura de no defender pactos.
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, presentó este martes una iniciativa de ley para derogar el Decreto 04-2022 orientado a revertir las cartas de libertad otorgadas a exfuncionarios del Partido Libertad y Refundación (Libre), y que es denominado “amnistía política”.
Matute Cano explicó que la propuesta busca anular los efectos legales de los sobreseimientos dictados a personajes políticos que enfrentaron procesos por delitos de corrupción durante la administración anterior.
La diputada proyectista manifestó que la derogación de los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la normativa vigente no representa ninguna “vendetta política” contra los beneficiarios de la ley.
“No es ninguna vendetta política y tampoco un ajuste de cuentas”, dijo la diputada Lissi Matute Cano en la sesión de este martes en el Congreso Nacional.
Matute Cano recalcó que la bancada mayoritaria mantendrá su postura de no defender pactos sino únicamente los “principios democráticos” que rigen el sistema de justicia del país.
El decreto fue turnado a la comisión de dictamen presidida por el diputado Mario Alonso Pérez para la presentación del informe este próximo miércoles.
En contraste, el diputado Rafael Sarmiento dijo que tales acciones legislativas solo logran que se “polarizan más” las posturas entre las diferentes bancadas del Congreso Nacional, y “parece que tienen mucha prisa por aprobarlo”.
El Decreto 04-2022, denominado oficialmente Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado de 2009, entró en vigor en febrero de 2022 como una de las primeras acciones legislativas del Congreso de Luis Redondo, tras el cambio de gobierno en ese momento.
Esta normativa fue concebida con el propósito de otorgar un marco jurídico de protección a ciudadanos y excolaboradores gubernamentales que, según el texto legal, fueron objeto de persecución judicial por su oposición al quiebre del orden constitucional ocurrido en 2009.
La amnistía se aplicó específicamente a quienes ejercieron cargos públicos o fueron autoridades electas durante el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2009. El decreto estableció un beneficio de exoneración para aquellos que enfrentaban procesos penales bajo la premisa de que dichos requerimientos judiciales carecían de sustento técnico y poseían una marcada motivación política, derivada directamente de su rol en la gestión gubernamental de esa época.
El alcance de la norma abarcó una amplia gama de delitos contra la administración pública, incluyendo figuras como malversación de caudales, enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad. Pese a su intención original de resarcir a víctimas de persecución, la inclusión de tipos penales como la falsificación de documentos y delitos asociados a la criminalidad organizada generó un intenso debate sobre las verdaderas intenciones del decreto. OB/Hondudiario
