*** La organización que cualquier remoción de cargos sin el apego a la normativa vigente desde 2013 podría derivar en demandas futuras.
El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó este jueves que el juicio político contra funcionarios señalados por obstaculizar procesos democráticos debe realizarse sin impunidad, aunque bajo el cumplimiento estricto del debido proceso.
Aguilar señaló que la construcción de expedientes sólidos resulta prioritaria frente a lo que calificó como “una carrera” por presentar este recurso legal ante el Congreso Nacional sin el material probatorio debidamente documentado.
La organización que cualquier remoción de cargos sin el apego a la normativa vigente desde 2013 podría derivar en demandas futuras contra el Estado de Honduras por vulnerar garantías constitucionales.
“Estamos a favor de que ningún hecho quede sin castigo, especialmente cuando se intentó socavar el proceso electoral y la institucionalidad democrática. Pero si se va a aplicar la ley de juicio político vigente desde 2013, que se haga bien, sin dudas y conforme a derecho”, declaró.
Existen actuaciones de un consejero (Marlon Ochoa) y un magistrado electoral (Mario Morazán) que afectaron la alternabilidad en el poder, y para Aguilar representa un caso “eminentemente político” que requiere una documentación adecuada según la ley.
No obstante, remarcó que la viabilidad para alcanzar los votos necesarios en el Poder Legislativo depende de la voluntad de las fuerzas mayoritarias para que ningún acto irregular se mantenga en la opacidad institucional.
“Sí existen acciones que podrían sustentar un juicio político, pero deben documentarse adecuadamente y seguir el procedimiento que establece la ley”, reiteró.
En tanto, la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) alertaron que las dilatorias para aplicar juicios políticos abren espacio a narrativas de victimización por parte de funcionarios que presuntamente violentan la institucionalidad.
Las organizaciones explicaron que la demora injustificada en el Congreso Nacional fomenta la impunidad y envía un mensaje peligroso sobre el cumplimiento de la ley frente a quienes conspiraron contra el proceso electoral.
Manifestaron que la falta de voluntad política para procesar al consejero Marlon Ochoa, al fiscal Johel Zelaya y a la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Obando, responde a cálculos y “lobby político” que burla el derecho a la verdad. OB/Hondudiario
