*** Organizaciones de derechos humanos señalaron que la decisión judicial genera preocupación, al considerar que el sobreseimiento de los recursos impide esclarecer denuncias de abusos y deja sin respuesta a las víctimas.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), cuestionaron la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer los recursos presentados contra el estado de excepción, al considerar que la medida deja en la impunidad presuntas violaciones a derechos fundamentales registradas durante su aplicación.
“El Estado de Excepción fue implementado durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro como una medida temporal para enfrentar la criminalidad y reducir la violencia. Sin embargo, lejos de cumplir con su carácter excepcional, se convirtió en una política prolongada durante tres años de su mandato”, indicaron.
En su pronunciamiento público recalcaron que, en la práctica, esta medida terminó funcionando como un cheque en blanco para los cuerpos de seguridad del Estado, facilitando abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos, en abierta contradicción con los estándares del derecho internacional.
Destacaron que, desde los primeros meses de su implementación, el Estado de Excepción generó fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad hondureña, “numerosas denuncias de la población afectada por los excesos cometidos por cuerpos de seguridad fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades estatales”.
“La decisión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer todas las acciones presentadas contra el Estado de Excepción constituye un hecho profundamente preocupante que debe encender las alertas en la sociedad hondureña”, lamentaron.
A lo que citaron que la prolongada dilación en la resolución de estos recursos representa una grave afrenta al espíritu mismo de estos mecanismos de protección, los cuales, conforme al derecho nacional e internacional, deben resolverse con celeridad por tratarse de garantías urgentes frente a posibles violaciones de derechos fundamentales. ED/Hondudiario
