*** El Conadeh registró más de 800 quejas documentadas que incluyen “ejecuciones extrajudiciales” y desapariciones forzadas.
La abogada constitucionalista Ruth Lafosse afirmó que el sobreseimiento del estado de excepción por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye una “manipulación política” que ignora los abusos cometidos durante los tres años de vigencia de la medida bajo la administración de Xiomara Castro de Zelaya.
Lafosse dijo que esta resolución resulta un acto “evidentemente tardado” ante un escenario donde la seguridad ciudadana permaneció en precario debido a la extensión de la suspensión de garantías en veinticuatro ocasiones sin la aprobación del Congreso Nacional.
“Entonces, es como que si el tiempo yo lo manipulo yo lo manejo, para poder lograr que el poder o el abuso de poder se consolide o se legitime, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con ese sobreseimiento?, ¿logra al final restablecer el control constitucional o que la constitución sea efectiva?, obviamente que no, evidentemente que no y eso fue su razón de no resolverlo oportunamente”, cuestionó.
La jurista puntualizó que la justicia constitucional funciona actualmente como un “instrumento de poder” que permite la consolidación de hechos violentos mediante tecnicismos formales que evitan dar una respuesta efectiva a la ciudadanía afectada.
Lafosse manifestó que el país se gobernó mediante un “estado de excepción” completamente ilegal que legitimó actos violatorios bajo la permisividad de magistrados que nunca emitieron un pronunciamiento oportuno sobre la inconstitucionalidad de los decretos.
Por su parte, comisionada del Conadeh, Blanca Izaguirre, recalcó que el sobreseimiento implica ignorar la responsabilidad civil y penal de los agentes del orden, ministros y diputados que avalaron una medida que incumplió los estándares internacionales.
“Cuando se presenta un recurso de inconstitucionalidad uno espera que haya una resolución y no hubo respuesta, y no fue el Comisionado Nacional quien presentó un recurso de inconstitucionalidad, si no me equivoco el colegio de abogados también, creo que hay diferentes organizaciones de la sociedad civil y abogados independientes también presentaron diferentes recursos y no obtuvimos respuesta”, recordó.
Izaguirre indicó que el organismo registró más de 800 quejas documentadas que incluyen “ejecuciones extrajudiciales” y desapariciones forzadas ocurridas bajo la custodia del Estado durante el periodo de suspensión de garantías individuales.
Del mismo modo, consideró que resulta “increíble” la ausencia de una resolución que exija la “reparación para las víctimas” de los sectores más vulnerables que sufrieron detenciones arbitrarias sin tener vínculos con el crimen organizado.
“Entonces me parece increíble que no va a haber ningún tipo de adopción de responsabilidad y que no hay una resolución que exija esta reparación para las víctimas, porque al final los más afectados eran los hondureños que estaban en las zonas donde había un Estado de excepción que muchas veces no tenía absolutamente nada que ver o no tenía ningún vínculo con el crimen organizado y fueron víctimas de todos estos abusos y vulneraciones de las que yo les voy a hablar”, cerró. OB/Hondudiario
