*** La nueva gestión de la Secretaría debe verificar la transparencia en el uso de los recursos.
La ministra de Derechos Humanos, Leda García, reveló en las últimas horas que durante la administración de la expresidenta Xiomara de Zelaya una sola familia tenía beneficios del sistema de protección y recibía apoyos económicos de hasta 300 mil lempiras mensuales.
García denunció que el presupuesto destinado a medidas de seguridad alcanzó desembolsos de aproximadamente 18 millones de lempiras al mes para favorecer a personas que gozan de “afinidad política” institucional.
“Yo no puedo dar muchos detalles en público porque uno de los protocolos que tiene el sistema de protección es la secretividad. En los últimos 4 años una sola familia recibía un apoyo por parte del sistema de protección de más de 300 mil lempiras mensuales y creo que con eso podríamos proteger a muchas familias que quizás no gozan de una afinidad política y que tienen el derecho de ser garantizada su protección y su seguridad”, declaró.
La funcionaria manifestó que diversas familias obtuvieron beneficios adicionales como becas de estudio y vehículos con “prados blindadas” bajo un esquema de protección vigente por más de una década.
La nueva gestión de la Secretaría debe verificar la transparencia en el uso de los recursos para garantizar que no existan “abusos ni contrabandos” en la aprobación de medidas destinadas a salvaguardar la vida.
“Eso sucedió nada más en los últimos 4 años. La verdad que estamos hablando de un monto aproximado de 18 millones de lempiras al mes; a algunos se les daba 300, a otros 350 mil y a otros 360 mil lempiras. Tenemos que verificar que estos recursos hayan sido utilizados de la mejor forma”, añadió.
En contraste, la exministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, contradijo los señalamientos tras calificar como declaraciones basadas en datos inexistentes la información vertida por la actual titular de la Secretaría.
Álvarez indicó que resulta imposible gastar 18 millones mensuales cuando la institución administra el sistema con un presupuesto de “20 millones anuales” asignado para atender más de mil casos activos.
“Conduce una institución sensible que administra el Sistema Nacional de Protección, con 20 millones anuales de presupuesto asignado, más de 1 mil 200 casos activos y algunos con medidas cautelares dictadas por la CIDH, es totalmente falso que se gastaban 18 millones mensuales o que una familia recibía más de 300 mil mensuales”, alegó. OB/Hondudiario
