*** Organizaciones de sociedad civil presentaron ante el Congreso Nacional una iniciativa para iniciar un juicio político contra cuatro altos funcionarios, entre ellos el consejero Marlon Ochoa.
Organizaciones de sociedad civil en Honduras presentaron una iniciativa ante el Congreso Nacional para iniciar un juicio político contra cuatro altos funcionarios, señalados de atentar contra el proceso electoral de 2025 y el orden democrático en el país.
La propuesta apunta contra el fiscal Johel Zelaya, Marlon Ochoa, el magistrado Mario Morazán y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, pero este viernes resonó el nombre del consejero del CNE.
“Hoy recibimos, por parte de la plataforma Defensores de Honduras, la “Denuncia para iniciar juicio político con la debida individualización en cada caso 2026”. El juicio político es un clamor popular. Seguiremos firmes en el cumplimiento de nuestro deber, actuando con responsabilidad y de cara al pueblo hondureño”, dijo al respecto el diputado nacionalista, Kilvett Zabdiel Bertrand.
Por su parte, la diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, manifestó que al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, le llegó su hora de “rendirle cuentas a los hondureños” debido a sus actuaciones en el órgano electoral.
“Ahora, violentar la ley y pedir que afronten las consecuencias de sus actos, es “persecución”. El sustento legal existe, y de sobra”
Kafati explicó que el sustento legal para proceder con la destitución del funcionario existe “y de sobra” ante las denuncias sobre acciones que presuntamente pusieron en peligro la democracia hondureña durante los comicios previos.
En tanto, la consejera del CNE, Cossette López, recalcó que la postura de su colega Marlon Ochoa constituye una “falsa indignación” reñida con la realidad tras los intentos de capturas ilegales registrados el pasado 11 de diciembre.
“Su falsa indignación está reñida con la realidad. Basta de mentirle a Honduras. Ese discurso del intervencionismo comenzó exactamente el 11 de diciembre, el mismo día que nos quisieron capturar ilegalmente.”
López indicó que el maltrato permanente hacia sus colegas y el “bloqueo del quórum” en el pleno del CNE tiene autores claros que deben enfrentar la responsabilidad legal por amedrentar a la institución.
Puntualizó que la sociedad civil exige deducir responsabilidades a los señalados para garantizar que se siente un “precedente y de manera contundente” que proteja la integridad de los futuros procesos electorales en la nación.
“Aún tengo mucho que contarle a Honduras. Que no se confunda mi calma con abandono del campo de batalla. Quienes seguimos luchando por el imperio de la ley, el Estado de derecho estamos de pie. Somos más fuertes que el miedo, tenemos la frente en alto y la verdad como respaldo”, expresó.
En tanto, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral Ana Paola Hall emitió críticas contra el consejero Marlon Ochoa al cuestionar sus posturas sobre los procesos electorales y afirmar que sus argumentos “son tan flojos como su criterio”.
Paola Hall sostuvo que Ochoa ha intentado distorsionar la verdad histórica de las Elecciones 2025 “y huir de las consecuencias de sus actos no funcionarán porque nadie ni él mismo cree en sus palabras”.
Necesarios 86 votos
Del mismo modo, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó este viernes que el Congreso Nacional fue convocado a sesión ordinaria para el próximo lunes mientras se define si existen los 86 votos necesarios para iniciar un juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por abuso de autoridad y atentar contra la democracia.
El legislador indicó que el proceso busca sentar un precedente histórico en el país para evitar que se repitan acciones que boicoteen los procesos electorales mediante el uso de mecanismos que no deben “quedar impune” ante la ley hondureña.
“No puede ser que un consejero del CNE se tome atribuciones que no le correspondían, que abusó de la autoridad, que se inventó audios, que no participó por un mes en sesiones, que no quería que hubiese declaratoria, todo eso y mucho más no puede quedar impune. Las personas que boicoteen procesos electorales en Honduras tienen que recibir un severo castigo y en este caso destitución, si así lo determina el juicio político”, dijo Rivera Callejas. OB/Hondudiario
