*** Ante este escenario, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, manifiesta lo siguiente.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicaron que Honduras atraviesa un momento histórico y crítico para la vida democrática reciente. Lo ocurrido el 25 de marzo de 2026 —la destitución del fiscal general Johel Zelaya por juicio político y la renuncia de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manteniéndose como magistrada— confirma el nivel de deterioro institucional al que ha llegado el país.
Estos hechos no deben interpretarse como episodios aislados ni como simples cambios de nombres en posiciones de poder, son la expresión más reciente de un problema mucho más profundo: la fragilidad de nuestras instituciones, la erosión de los contrapesos democráticos y la peligrosa normalización de decisiones políticas que terminan comprometiendo la independencia de órganos clave del Estado.
Ante este escenario, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, manifiesta lo siguiente:
La destitución de un fiscal general y la renuncia de una presidenta de la CSJ no resuelven por sí misma la crisis institucional del país. Cuando el Ministerio Público, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos vinculados a la justicia y al proceso electoral entran en una lógica de confrontación, presión o instrumentalización política, lo que se pone en riesgo no es solo la estabilidad de los funcionarios, sino la confianza misma de la ciudadanía en la democracia y en el Estado de derecho.
Por ello, expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en el que la clase política sigue enfrentando sus crisis: reaccionando ante sus síntomas, pero sin corregir sus causas. El país no puede seguir atrapado en un ciclo donde cada tensión institucional se convierte en una nueva confrontación de poderes, en una nueva disputa por control político o en una nueva señal de incertidumbre para la ciudadanía.
Honduras necesita con urgencia reformas institucionales, capaz de atacar de raíz los factores que hoy debilitan el Estado de derecho. Estas reformas deben incluir, entre otros elementos: Garantías reales de independencia para el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos electorales, blindándolos frente a presiones partidarias y decisiones arbitrarias.
Reglas claras de control y rendición de cuentas, para que ningún funcionario quede por encima de la ley; pero también para que ningún mecanismo de control sea utilizado como instrumento de persecución política.
Fortalecimiento del sistema electoral y de justicia electoral, de manera que los procesos democráticos no queden expuestos a interferencias indebidas, amenazas o maniobras que alteren su desarrollo.
Impulso a una verdadera carrera judicial y fiscal, basada en mérito, idoneidad, estabilidad e integridad, y no en cuotas, lealtades o conveniencias coyunturales.
Reformas que restablezcan el equilibrio entre poderes, porque sin contrapesos efectivos no hay democracia sólida y sin instituciones fuertes, no hay gobernabilidad legítima. Sistema de integridad pública que garantice que las reformas se traduzcan en prácticas reales y tangibles.
No basta con sustituir personas. Hay que corregir las reglas, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza pública. Ese es el desafío de fondo. Todo lo demás será apenas administración temporal de una crisis que seguirá repitiéndose.
Hacemos un llamado al liderazgo político, a las autoridades del Estado, a la comunidad internacional y a todos los sectores democráticos del país a asumir con seriedad este momento. Honduras no necesita más improvisación, más confrontación ni más deterioro. Necesita visión de Estado, responsabilidad democrática y una agenda de reformas que permita cerrar esta etapa de inestabilidad y abrir una nueva de legalidad, equilibrio institucional y respeto pleno al orden democrático.
El momento exige firmeza, sensatez y reformas de fondo. Debilitar aún más el Estado de derecho no puede seguir siendo el costo de cada crisis política. AB/Hondudiario
