*** El Congreso Nacional de Honduras destituyó de forma definitiva a Johel Zelaya como Fiscal General del Estado el pasado 25 de marzo de 2026, tras un juicio político.
La diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Maritza Julin, manifestó este jueves que el Congreso Nacional debe evitar que el juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral u otras instituciones debilite la democracia del país tras advertir que este mecanismo constitucional no debe ser utilizado como un “método de venganza” o para generar crisis innecesarias.
“Tampoco queremos que se convierta en instrumentalización, método de venganza o un revanchismo político, en lugar de un ejercicio para una justicia real”, dijo.
Julin indicó que la figura del juicio político no puede transformarse en una disputa que provoque inseguridad en el pueblo hondureño porque los legisladores tienen la obligación de buscar “puntos de encuentro” para resolver los problemas urgentes de la nación como el alza constante en el precio de los combustibles por conflictos externos.
“Nosotros como legisladores tenemos que buscar puntos de encuentro para poder aliviar la economía de los hondureños”, anotó.
Por otro lado, consideró que el Gobierno de Honduras debe decretar una emergencia para estabilizar los costos de los carburantes mediante un subsidio de 200 millones de lempiras semanales que mitigue el impacto económico derivado de la guerra en Medio Oriente para que la población se sienta protegida ante las alzas internacionales.
El Congreso Nacional de Honduras destituyó de forma definitiva a Johel Zelaya como Fiscal General del Estado el pasado 25 de marzo de 2026, tras un juicio político que resultó en el nombramiento inmediato de Pablo Emilio Reyes como su sucesor.
La remoción fue aprobada por 93 diputados pertenecientes a cuatro de las cinco bancadas legislativas, bajo acusaciones de manipular expedientes judiciales y aplicar una justicia selectiva, mientras que los 35 congresistas del partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de votar en señal de rechazo al proceso.
Por su parte, la magistrada Rebeca Ráquel Obando presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia esa misma noche para evitar ser sometida a un juicio político similar al del fiscal. Obando aclaró que se mantendrá en su cargo como magistrada propietaria. OB/Hondudiario
