*** Oved López dejó entrever que el eventual juicio político contra Marlon Ochoa no puede avanzar en el Congreso Nacional debido a la división interna del Partido Liberal.

El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López, consideró que el impulso de juicios políticos contra autoridades electorales constituye un “revanchismo político” diseñado para reacomodar las fuerzas parlamentarias tras la reducción de la bancada oficialista a 35 votos.
López señaló que la alianza entre el Partido Nacional y el Partido Liberal aprovecha la actual coyuntura legislativa para intentar sustituir a los funcionarios en lugar de resolver los problemas estructurales que enfrenta la nación hondureña.
“Si nos ponemos a hacer juicios políticos aquí, no queda nadie en ese Congreso Nacional, todos irían. Más los que han estado los últimos 16 años en ese Congreso Nacional que han cometido innumerables delitos contra la Constitución de la República y el pueblo hondureño”, declaró.

El exparlamentario puntualizó que la ejecución de estos procesos inició con la figura del fiscal general debido a que existían acuerdos previos para “desestimar” ciertos casos judiciales de interés para los grupos de poder.
Oved López dejó entrever que el eventual juicio político contra Marlon Ochoa no puede avanzar en el Congreso Nacional debido a la división interna del Partido Liberal entre las facciones de Jorge Cálix y Salvador Nasralla por la potestad de proponer nuevos cargos.
“Por un lado, el sector del diputado Calix, con este dirigente de San Pedro Sula, y por otro lado, Salvador Nasralla. ¿Por qué?, porque ya tienen uno, ya tienen una autoridad en el Consejo Nacional Electoral, pero no lo pusieron ellos. Lo puso otro, caudillo del Partido Liberal”, señaló.
Desde su punto de vista, los actuales consejeros y magistrados de justicia electoral “le fallaron al pueblo” hondureño al permitir que los pasados comicios primarios y generales se convirtieran en los peores procesos registrados en la historia del país.

Manifestó que la responsabilidad por la crisis institucional es compartida por toda la estructura electoral y los diputados que fueron incapaces de aprobar las “reformas electorales” necesarias para garantizar el Estado de Derecho.
“Entonces, esto no es responsabilidad solo de una persona, no es correcto que le hagan solo a una persona y solo porque es miembro del Partido Libre, sino que, si quisiésemos que se respetara la institucionalidad y el Estado de Derecho, estuviéramos pensando en reformas electorales o en cambiar a todas las autoridades electorales que hay en el país.”
El Congreso Nacional debería considerar la sustitución total de las autoridades electorales de forma equilibrada en lugar de dirigir acciones individuales por motivos estrictamente partidarios o de persecución política, según expuso el exdiputado. OB/Hondudiario



