*** El primer testigo Marco Martínez en su calidad de empleado del ente electoral relató que personal bajo las órdenes del consejero Marlon Ochoa extrajo información sensible.
La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional inició este martes la evacuación de testimonios en el proceso contra los funcionarios electorales Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez por supuestas infracciones constitucionales en las pasadas elecciones de 2025.
La audiencia de evacuación de testimonios siguió un orden cronológico que inició con el empleado del CNE, Marco Martínez, seguido por el exdirector electoral Eduardo Fuentes, la secretaria general Telma Martínez, el abogado José Barahona y concluyó con el magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia.
Todos estos declarantes coincidieron en señalar que las actuaciones de Marlon Ochoa y Mario Morazán, marcadas por la sustracción de información sensible, inasistencias deliberadas a sesiones oficiales, amenazas directas y una persecución institucional sistemática, coordinaron un bloqueo administrativo que desfasó el cronograma electoral y representó un peligro real para la estabilidad de la democracia en Honduras.
El primer testigo Marco Martínez en su calidad de empleado del ente electoral relató que personal bajo las órdenes del consejero Marlon Ochoa extrajo información sensible de dispositivos USB que contenían la totalidad de las actas nacionales.
Martínez calificó dicho incidente como un evento de gran riesgo para el proceso electoral debido a que la manipulación de los datos oficiales se realizó por personas contratadas directamente por el funcionario ahora sometido al juicio político.
El declarante sostuvo que informó sobre la sustracción de la información al codirector Allan Alvarenga, pero este únicamente manifestó que hablaría con los responsables sin que existiera ningún tipo de repercusión posterior por el hecho denunciado.
“Le comuniqué al codirector Allan Alvarenga (…) Su respuesta fue, ‘Yo voy a hablar con ellos nada más.’ Pero no hubo ningún tipo de repercusión”, dijo Martínez ante los diputados.
La audiencia de este martes continuó con la presencia de Eduardo Enrique Fuentes, quien actualmente se desempeña como comisionado de la Unidad de Política Limpia tras su paso por la dirección electoral del Consejo Nacional Electoral.
Enrique Fuentes también señaló a Marlon Ochoa de amenazar a sus compañeras, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.
“Marlon Ochoa (…) les dijo a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López que estaban jugando con fuego por querer llevar a cabo el proceso normal dentro del cronograma electoral”, dijo Fuentes.
Luego continuó la secretaria general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Telma Martínez, quien intervino ante la comisión y sostuvo que Marlon Ochoa no asistió a varias sesiones del pleno del CNE, situación que, según su declaración, incidió en retrasos dentro del cronograma electoral.
Ante los diputados, afirmó: “Marlon no asistió a las sesiones y ocasionó que el cronograma electoral quedara desfasado”, en referencia a las consecuencias que, a su juicio, generaron las inasistencias del consejero
Martínez también denunció que dentro del organismo electoral se registraron situaciones de presión institucional, ya que “a lo interno del CNE sufrimos una persecución desmedida y desproporcionada por parte de los órganos persecutores del Estado”
Padre de la magistrada Barahona
El abogado José Barahona denunció este martes ante el Congreso Nacional que el magistrado Mario Morazán y el exfiscal Johel Zelaya provocaron la muerte de su hija, la magistrada Miriam Barahona, mediante una persecución sistemática que impidió su trasplante de hígado.
Barahona manifestó que su hija sufrió ataques constantes de Morazán desde su primer día en el Tribunal de Justicia Electoral con el uso de improperios que buscaban denigrar su integridad personal y profesional.
“Los insultos eran expresamente contra mi hija, desde el primer día que llegó, la pregunta es ¿quién lo mandó?, si uno no lo conoce, cómo va a llegar a denigrar, insultar, mencionar improperios contra esa persona”, dijo.
El cuarto testigo en el juicio político explicó que Morazán y Zelaya intentaron librar una orden de captura contra la funcionaria hospitalizada para evitar que se trasladara a Colombia donde recibiría un órgano el pasado 11 de octubre de 2025.
“Ella fallece precisamente porque no pudo hacerse un chequeo en Estados Unidos en una época que dos bandidos de la democracia se ensañaron con ella”, lamentó.
El padre recalcó que la familia tuvo que sacar a la paciente a escondidas de Tegucigalpa hacia Guatemala en un estado deplorable para salvar su vida de una detención que el testigo considera injusta.
Barahona en la audiencia también exigió un requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa y Mario Morazán para evitar que el juicio político se convierta en un mecanismo que premie la impunidad en el país, ya que no solo basta con su destitución.
Magistrado Mario Flores Urrutia
Por su parte, el magistrado del TJE, Mario Flores Urrutia, compareció como testigo en el proceso contra Mario Morazán y aseguró que las convocatorias a sesiones se realizaban conforme a la normativa vigente, con envío de agenda y documentación correspondiente.
“Es falso que no se le enviaban la documentación adjunta a las convocatorias con el desarrollo de la agenda”, dijo ante la Comisión Especial de diputados del Congreso Nacional.
Durante su exposición, Urrutia indicó que presentó pruebas relacionadas con la conducta del magistrado suspendido, señalando ausencias reiteradas y abandono de sesiones previamente convocadas.
Asimismo, sostuvo que estas acciones tenían como propósito obstaculizar el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral y frenar su actividad jurídica, además de señalar que las ausencias respondían a la intención de no atender una solicitud vinculada al diputado Jorge Cálix.
En respuesta a una consulta del diputado Arnold Burgos sobre si estas actuaciones pusieron en riesgo el proceso electoral, Urrutia respondió: “Claro. Era solo de hacer el análisis y ver las actuaciones del representante del partido de gobierno en el CNE (Marlon Ochoa) con el representante de gobierno en el TJE (Mario Morazán), para determinar que si hubo un peligro a la democracia de Honduras”.
A eso de las 7:00 de la noche, compareció Claudia Aguilera, empleada del TJE, con quien la Comisión abordó el uso de firmas digitales en el Tribunal de Justicia Electoral, aclarando que no existe un registro formal, pero sí un reglamento que permite su uso habitual.
También Aguilera explicó que los magistrados autorizan el uso de su firma digital para documentos oficiales. En cuanto a las ausencias, que deben justificarse por escrito ante la Secretaría General, que notifica y convoca a un suplente. Sin embargo, en los casos señalados no se presentó ninguna justificación, por lo que las ausencias fueron consideradas injustificadas. OB/Hondudiario
