*** El magisterio es uno de los sectores más golpeados al situarse como la tercera ocupación con más riesgo en Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó que cerca de 550 docentes denunciaron ser víctimas de desplazamiento forzado entre 2016 y 2025, mientras el ente urgió a las autoridades a implementar protocolos para salvaguardar la vida de los maestros en el país.
De las 9,401 quejas registradas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) hasta 2024, un total de 494 corresponden a docentes lo que significa que cinco de cada 100 personas desplazadas pertenecen al gremio educativo nacional.
En cuanto al género, el 68 por ciento de los docentes afectados son mujeres y el 32 por ciento hombres, según detalló Elsy Reyes, de la Defensoría de Movilidad Humana, al explicar que las amenazas suelen vincularse al liderazgo del docente o a su rol como actor de protección en zonas de violencia.
El magisterio es uno de los sectores más golpeados al situarse como la tercera ocupación con más riesgo en Honduras debido a que el 71 por ciento de las quejas son por amenazas, seguidas de tentativas de homicidio, extorsión y violencia de género.
Aunque el desplazamiento ocurre en los 18 departamentos, el 75 por ciento de los casos se concentra en Francisco Morazán con el 29 por ciento, seguido de Cortés con 17 por ciento, El Paraíso con 17 por ciento, Olancho con 7 por ciento y Choluteca con 5 por ciento.
Sobre los agresores, los testimonios indican que en el 41 por ciento de los casos se trata de personas desconocidas, aunque también se identifica como responsables a miembros de estructuras criminales e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.
El Conadeh realiza gestiones ante la Secretaría de Educación para solicitar medidas de protección o traslados porque cuando un docente sufre extorsión o amenazas lo urgente es sacarlo de la zona de riesgo para proteger su integridad física.
Es prioritario que la Secretaría de Educación diseñe protocolos específicos para atender a las víctimas de desplazamiento en un país que reconoció oficialmente este fenómeno desde 2013 producto del control territorial de grupos de criminalidad organizada, llamó el Conadeh.
Desde 2016, la UDFI opera con apoyo técnico de ACNUR para supervisar y prevenir el desplazamiento forzado mediante la presencia en las regiones con mayores evidencias de riesgo para garantizar los derechos humanos de las personas afectadas. OB/Hondudiario
