*** El representante de ASJ manifestó que el compromiso real debe provenir de todas las dependencias del Estado y no únicamente del ministro de Seguridad.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, estimó que al menos 65 organizaciones criminales operan actualmente en el país y señaló que la estrategia de atacar el patrimonio de los delincuentes requiere de una coordinación institucional compleja para obtener resultados efectivos.
No desconoció que las capturas y los decomisos de armas resultan insuficientes para desmantelar estas estructuras debido a que las organizaciones criminales se conforman de una “manera muy fácil” y representan un golpe constante para la estabilidad de la sociedad hondureña.
“Obviamente entendemos que, sin atacar el patrimonio criminal, pues el crimen organizado se regenera, y obviamente la estructura sobrevive al líder cuando el dinero permanece intacto, entonces mientras no se hagan investigaciones, mientras no se den golpes certeros contra los liderazgos al interno de estas estructuras criminales difícilmente nosotros vamos a poder tener esos resultados a los que aspira y que ha presentado el ministro de Seguridad”, comentó.
Castañeda señaló que la persecución de bienes y cuentas bancarias exige la participación de fiscales altamente eficientes dentro de una fiscalía especial contra el crimen organizado que cuente con las “herramientas y logística” necesarias para acompañar las investigaciones técnicas.
Además, el Estado necesita fortalecer el circuito judicial especializado y garantizar que la inteligencia financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emita las alertas debidas para que el Ministerio Público pueda dar un “seguimiento debido”.
“Y aparte de ello, se requiere también de esos peritos especializados que son los que más escaseados están en este momento. Es de lo que menos tenemos en el Ministerio Público, y es ahí donde también el presupuesto juega un rol importante”, agregó.
Del mismo modo, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) posee un rol clave en la ejecución de “golpes certeros” contra los flujos financieros de las redes delictivas para evitar que las estructuras sobrevivan mediante el uso de capitales intactos.
El representante de ASJ manifestó que el compromiso real debe provenir de todas las dependencias del Estado y no únicamente del ministro de Seguridad para que la estrategia nacional permita recuperar el “control territorial” que los grupos criminales han mantenido por décadas.
Castañeda consideró que la rendición de cuentas en los próximos meses será fundamental para evaluar si la visión estratégica gubernamental genera resultados positivos y logra debilitar permanentemente los “liderazgos al interno” de las organizaciones que operan a nivel nacional. OB/Hondudiario
