*** El anteproyecto de ley para la simplificación y agilización del trámite administrativo en la autenticación de antecedentes penales para uso en el extranjero.
El Congreso Nacional analizará una reforma orientada a simplificar, modernizar y agilizar el trámite de emisión y autenticación de las constancias de antecedentes penales para los hondureños que residen en el extranjero, a propuesta de un grupo de diputados de las bancadas nacionalista y liberal.
El anteproyecto de ley para la simplificación y agilización del trámite administrativo en la autenticación de antecedentes penales para uso en el extranjero fue presentado por el diputado del Partido Nacional por el departamento de Olancho Miguel Motiño, con el respaldo de otros 16 legisladores liberales y nacionalistas.
El legislador relató que, durante una visita a España con un grupo de diputados, conocieron que recientemente se publicó en el Boletín Oficial del Estado un decreto que permite la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en ese país, para lo cual se habilitó el período del 16 de abril al 30 de junio próximo.
“Son 221.000 hondureños que están de manera irregular en aquel país; sin embargo, para la presente ley que buscamos, se les dará cobertura a 90.000 hondureños”, detalló el parlamentario nacionalista.
De acuerdo a Motiño, el anteproyecto ya fue socializado con los jefes de bancada de los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre).
La propuesta es impulsada por los diputados del Partido Nacional Miguel Motiño, María José Sosa, Remberto Zavala, David Valeriano, Juan Alberto Sauceda, Óscar Rivera, y los del Partido Liberal Jorge Cálix, Fernando Castro, Luis Coello, Carlos Umaña, Alex Zorto, Sandra Coleman, Leiby Torres, Rumy Bueso, Thirsa López, Yasmin Meza y Alberto Cruz.
La iniciativa responde a una necesidad urgente y ampliamente extendida entre miles de ciudadanos hondureños que requieren este documento como requisito indispensable para procesos de regularización migratoria, acceso a empleo formal, estudios, trámites administrativos y ejercicio pleno de sus derechos en otros países, particularmente en el Reino de España.
El proyecto propone adecuar y mejorar el procedimiento de gestión, donde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij) y la Unidad de Antecedentes Penales (Unap), deberá revisar, actualizar y adecuar sus procedimientos administrativos y sistemas tecnológicos, a fin de garantizar condiciones mínimas de eficiencia, eficacia, continuidad del servicio y compatibilidad con los mecanismos de autenticación y validación internacional.
El anteproyecto plantea que la emisión de las constancias de antecedentes penales no deberá exceder un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la presentación completa de la solicitud. ED/Hondudiario
