*** Cuatro de cada cinco agresiones se concentraron en tácticas de desacreditación pública, con predominio de los ataques de carácter psicológico y reputacional.
Las agresiones contra defensores de derechos humanos en Guatemala aumentaron un 26,7 por ciento durante 2025, un incremento “atípico” que, de acuerdo con organizaciones, civiles coincide con el asedio de redes de corrupción hacia el Gobierno del presidente guatematelco, Bernardo Arévalo de León, y la presión de sectores proimpunidad ante el proceso de renovación de las altas cortes durante 2026, señaló un informe divulgado este miércoles.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) presentó este miércoles su informe anual ‘Comunidades que resisten’, en el que documentó un total de 5.238 agresiones el año pasado, frente a las 4.133 registradas en 2024.
“Manifestamos nuestra preocupación ante el incremento de las agresiones que sufren personas, organizaciones y comunidades defensoras, ya que, contrario a lo esperado en el segundo año de gestión, las agresiones van en ascenso”, explicó Brenda Guillén, coordinadora general de Udefegua.
El documento destacó que cuatro de cada cinco agresiones se concentraron en tácticas de desacreditación pública, con predominio de los ataques de carácter psicológico y reputacional.
Según este informe, se registraron 2.171 casos de estigmatización, 1.454 de hostigamiento y 1.008 de difamación, acciones que buscan dañar la imagen de los activistas para neutralizar su labor de fiscalización.
También, detalló que estas acciones, ejecutadas en un 96 por ciento a través de plataformas digitales por estructuras conocidas como “netcenters”, han servido como antesala para una violencia que escaló al plano físico con 12 asesinatos confirmados en 2025.
Entre las víctimas mortales se reportaron nueve defensores de la tierra y el medioambiente, dos periodistas y una sindicalista, lo que revela un patrón enfocado en silenciar a quienes exponen abusos desde el sistema de justicia o informan sobre ellos.
La entidad también advirtió sobre un uso sistemático de la criminalización contra autoridades indígenas y líderes sociales, y citó casos emblemáticos como los del exdirigente de los 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y su compañero Héctor Chaclán, quienes llevan más de un año en prisión preventiva.
De acuerdo con los hallazgos de Udefegua, en este clima de hostilidad, las mujeres defensoras enfrentan desafíos particulares de resistencia al ser blanco de ataques específicos contra su reputación.
“Hablar de mujeres defensoras es hablar de valentía, de resistencia y de una lucha cotidiana por la justicia y el territorio, en un contexto que no solo es adverso, sino con frecuencia hostil para quienes cuestionan los intereses de poder”, señaló la activista Nahomi Rodríguez.
Pese al entorno, la organización valoró como un paso positivo la reciente creación de la Política Pública de Protección a Defensores en Guatemala, aunque instó al Ministerio de Gobernación (Interior) a implementarla con urgencia para frenar la criminalización y garantizar un entorno seguro para la defensa de la democracia y los derechos humanos. EFE
