*** Las nuevas autoridades en cumplimiento de su deber y transparencia emitieron un comunicado explicando la situación.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), emitió un comunicado en el que explican que remitieron ante el Ministerio Público (MP), y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la documentación relacionada con los procesos irregulares de la anterior administración del Programa Bono Tecnológico Productivo que presentan liquidaciones pendientes.
“Esta actuación obedece al deber legal como institución de poner en conocimiento a las autoridades competentes aquellos asuntos que por su naturaleza requieren ser conocidos, analizados y en su caso investigado conforme al marco jurídico aplicable. En consecuencia, corresponderá exclusivamente a dichas autoridades realizar las verificaciones y actuaciones que estimen pertinentes en el ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere”, manifestó la institución.
La remisión de la documentación no constituye una acusación, denuncia pública, señalamiento o responsabilidad contra persona natural o jurídica. En tal sentido, la SAG, no emite juicios de valor ni adelante conclusiones sobre los hechos.
“En consecuencia, corresponderá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas, dentro del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, determinar si existe mérito para iniciar las actuaciones que correspondan, garantizando en todo momento el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia”, declararon.
En consecuencia, el ministro de la SAG, Moises Molina, la anterior administración no realizó gestiones que debieron haberse completado ni hay evidencia que se hayan finalizado. Para el secretario correspondía era trasladarlo a los entes del Estado.
“Lo que correspondía entonces era trasladarlo a los entes del Estado, que están llamados, señalados por ley, para emitir una opinión en cuanto a posibles responsabilidades o descartar responsabilidades de las autoridades anteriores. Esto tiene que ver con el fiel cumplimiento de nuestras responsabilidades y no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra razón”, señaló.
Concluyó: “Lo mejor que podría surgir de este proceso es que se encontraran las justificaciones, que la documentación existiera en manos de las autoridades anteriores y pudieran realizar la liquidación que por ley corresponde. Eso nos haría muy felices y nos sentiríamos muy contentos”. AB/Hondudiario
