*** La figura del juicio político no había prosperado desde su creación por falta de respaldo legislativo.
El abogado Juan Carlos Barrientos explicó este viernes que el juicio político no constituye un proceso judicial, sino un mecanismo de control político entre los poderes del Estado cuya aplicación depende de la voluntad y los votos del Congreso Nacional, ante comparecencia que Honduras realizará el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder por la utilización de esa figura en la destitución del exfiscal general Johel Zelaya.
Juan Carlos Barrientos amplió que el principal error consiste en considerar que el juicio político es un “juicio jurisdiccional”, cuando en realidad no sigue las mismas reglas ni procedimientos que los procesos desarrollados en los tribunales de justicia.
“El juicio político no tiene más alcance que el de destituir a un funcionario, y como su nombre lo indica, ese no es un acto jurídico, sino que es un acto político, y en los actos políticos usted no puede someterlos a reglas, ni puede someterlos tampoco a procedimientos de valoración de prueba, porque si existe la voluntad política por destituir a un funcionario, simple y sencillamente se va a proceder”, expuso el abogado constitucionalista.
La figura del juicio político no había prosperado desde su creación por falta de respaldo legislativo y las intenciones de destituir funcionarios públicos han existido en distintos momentos, aunque no siempre se han reunido los votos necesarios.
No obstante, la actual coyuntura política permitió alcanzar las mayorías requeridas para concretar destituciones y las distintas fuerzas políticas impulsaron intentos similares en el pasado sin lograr los resultados esperados por falta de apoyo en el Congreso Nacional.
“Lo que pasa es que la coyuntura política se presta ahorita para tener los votos necesarios y poder llevar a cabo esa destitución. Libre intentó por lo menos 11 veces destituir a funcionarios públicos, no lo pudo lograr, pero no porque no quiso, no porque no tuvo la intención, sino porque no tenía los votos necesarios”, recordó Barrientos.
El abogado declaró que la Constitución garantiza la independencia de los poderes del Estado, aunque señaló que Honduras funciona bajo un sistema de “contrapesos” mediante el cual cada poder ejerce mecanismos de control sobre los demás conforme a sus atribuciones.
El Congreso Nacional puede ejercer control sobre el Poder Ejecutivo mediante interpelaciones y juicios políticos, mientras el Ejecutivo y el Poder Judicial también cuentan con instrumentos para incidir dentro del funcionamiento institucional del Estado.
La discusión también involucra el principio de soberanía estatal y cada Estado tiene la facultad de gobernarse conforme a sus principios jurídicos, por lo que planteó un debate sobre los alcances del derecho internacional en relación con el control de las decisiones adoptadas por los Estados soberanos. OB/Hondudiario
