*** La iniciativa pretende “sensibilizar al pueblo hondureño” sobre la situación de la población LGTBIQ+.

El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Nicolás Martel, propuso en la última sesión del Congreso Nacional crear en Honduras una “Ley de Reconocimiento, Dignidad y Protección Integral de la Población LGTBIQ+”, con la que se busca declarar a las personas de esa comunidad “en condición vulnerable”.
Según expuso Martel, la iniciativa pretende “sensibilizar al pueblo hondureño” sobre la situación de la población LGTBIQ+ y promover el respeto a su identidad, bajo el planteamiento de que ninguna persona debe ser “perseguida por la identidad sexual”.
“Históricamente Honduras ha sido un país transfóbico, homofóbico y machista que por lo cual ha causado que muchas personas de esa comunidad hayan sufrido ataques, que hayan sufrido violaciones, que hayan sido asesinadas y que incluso los que perpetúan esas acciones queden impunes”, dijo.
“Entonces busca a través de diferentes instituciones, desde ámbitos laborales, desde ámbitos de salud hasta la misma Policía tratar de sensibilizar al pueblo hondureño a que cualquier persona, sea de la comunidad LGTBIQ, pues tiene los mismos derechos y no tiene por qué ser perseguida por la identidad sexual de esta misma persona o su orientación sexual”, adicionó.

Semanas atrás, la integrante de la Red Lésbica Catrachas y del Observatorio de Catrachas, Seydi Irías, alertó que la organización registra 157 femicidios y muertes violentas de mujeres, además de 27 personas LGTBI asesinadas en Honduras, bajo un escenario marcado por niveles de impunidad que en los casos de mujeres alcanzan cerca del 87 por ciento.
Desde 2021 hasta la actualidad se contabilizan 93 sentencias condenatorias relacionadas con muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 36 corresponden a la tipificación de femicidio, una situación que vinculó con la falta de respuesta judicial frente a estos crímenes.
En los casos de muertes violentas de personas LGTBI únicamente existen dos sentencias con el agravante de “discriminación y prejuicio” y cuestionó la efectividad del aumento de las penas por femicidio si la tipificación no se aplica en los procesos judiciales. OB/Hondudiario



