*** Castellanos plantea una reforma profunda de la ENEE que garantice eficiencia sin poner en riesgo el valor público de la energía.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) requiere una reforma profunda que permita rescatar el valor público del servicio, sin que el debate se limite a posiciones ideológicas entre el control estatal y la participación del sector privado.
“El debate, por tanto, no puede reducirse al dogma ideológico entre el altar del mercado y la fe ciega en el Estado. La verdadera modernización exige una cirugía radical que rescate el valor público de la energía sin obsequiar las joyas de la corona a las élites económicas”, señaló.
Sostuvo que la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es resultado de décadas de corrupción, decisiones políticas y una administración que, a su criterio, ha estado sometida en numerosas ocasiones a intereses ajenos a la eficiencia del servicio público, afirmó que la estatal no atraviesa únicamente una crisis financiera, sino un proceso de deterioro que la ha dejado debilitada institucional y operativamente.
“Por un lado, la política oscura y los profetas del libre mercado pueden encontrar en la crisis el escenario perfecto para presentar cualquier participación privada como la única salida posible. Nos aseguran que abrir más espacios al capital privado permitirá desmantelar la ineficiencia estatal, reducir las pérdidas millonarias y poner fin a los apagones que paralizan ciudades enteras”, escribió.
Advirtió que cualquier reforma al subsector eléctrico debe analizarse con detenimiento, ya que, según señaló, la experiencia hondureña demuestra que la participación del capital privado en sectores estratégicos no garantiza por sí sola una libre competencia ni tarifas justas.
Asimismo, cuestionó que en ocasiones se hayan socializado las pérdidas y privatizado las ganancias, dejando al Estado los costos, riesgos y obligaciones mientras los beneficios quedan en manos de inversionistas particulares.
“En 2025, las pérdidas de energía rondaron el 35 por ciento y representaron más de 21,400 millones de lempiras. Son recursos que se pierden en un sistema que ya enfrenta enormes dificultades financieras y que, al mismo tiempo, debe responder a las necesidades de millones de hondureños que dependen de un servicio eléctrico confiable”, subrayó. ED/Hondudiario
