*** Ángel Mendoza asegura que más instituciones podrían entrar en procesos de supresión o adscripción.
El coordinador de la Comisión Liquidadora, Ángel Mendoza, señaló que más instituciones del Estado podrían ser sometidas a procesos de supresión o adscripción, una decisión que deberá ser determinada por el presidente de la República Nasry Asfura mediante el Consejo de Ministros.
“El presidente de la República mediante el Consejo de Ministros determinará qué instituciones va a someter al proceso de supresión o adscripción, hay que esperar que el presidente tome la decisión”, dijo Mendoza.
Explicó que, si los procesos de supresión o adscripción deben ejecutarse este año, los recursos necesarios tendrían que quedar contemplados en el Presupuesto General de la República que será presentado al Congreso Nacional en septiembre, para su respectiva aprobación.
“Que queden los recursos necesarios para el pago de todas las indemnizaciones de los empleados que se hacen cesanteados y el pago de todos los proveedores de aquellos procesos que quedaron pendientes”, apuntó.
Mendoza recalcó que la Constitución de la República reconoce el derecho de los empleados a recurrir a los tribunales de justicia, por lo que existen numerosas demandas presentadas ante los juzgados competentes relacionadas con estas decisiones.
“El día de ayer me encontraba por la corte suprema de justicia y miraba los libros de entrada, varias demandas que han sido desistidas como decía el compañero Leonel y eso me alegra porque si desistieron quiere decir que se le pagaron”, ejemplificó.
Mencionó que el Estado debe cumplir con sus obligaciones, pero que los empleados deben optar entre cobrar sus prestaciones o solicitar el reintegro mediante la vía judicial, ya que ambas acciones no pueden acumularse, además que se han observado numerosos desistimientos de demandas, lo cual también representa un ahorro para el Poder Judicial.
“Tenemos jueces que tienen una carga judicial de 2,000 o 3,000 expedientes, lo que es algo inhumano para poder resolver. Entonces, estamos colapsando el sistema judicial, lo que provoca que las demandas que antes salían en cinco años ahora tarden 10 o 15 años. Hay personas que no logran ver el fruto de toda esa indemnización y fallecen”, subrayó. ED/Hondudiario
